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Un nuevo
informe científico muestra que la contaminación
transgénica del maíz en México está más
extendida de lo que se creía, pero además, que
el gobierno ha contribuido activamente a
aumentarla a través de sus propios programas.
El estudio publicado en mayo de 2009 en la
revista PLoS One, fue presentado en México
por la Unión de Científicos Comprometidos con la
Sociedad (UCCS). Se titula “Dispersal of
Transgenes trough Maize Seed Systems in Mexico”
(Dispersión de transgenes a través de los
sistemas de semillas de maíz en México) y es
producto de un equipo de investigadores
mexicanos y estadounidenses. Los autores
principales son José Antonio Serratos y
George Dyers y fue coordinado por
Elena Álvarez Buylla de la UNAM; también
participaron Alma Piñeyro y Hugo
Perales, entre otros.
El estudio
tomó cuatro años de colectas y análisis y
muestra por primera vez contaminación
transgénica en maíz de Veracruz, Yucatán y
Guanajuato.
A nivel nacional, 5 por ciento de las semillas
muestreadas tuvieron presencia de transgenes.
Regionalmente, el mayor porcentaje –13
por ciento– se mostró en el sureste, mientras
que en el centro-occidente dio un promedio de 3
por ciento.
Los autores estiman que esta diferencia se debe
a que en el sureste se usa mayoritariamente
semilla campesina propia, que ocasionalmente es
mezclada con semilla recibida o comprada en
tiendas locales, a través de programas del
gobierno. Por esta razón, la mayoría de los
predios campesinos en esa área están libres de
contaminación, pero muchos que aceptaron
programas del gobierno, como Kilo por Kilo, se
contaminaron directamente o por medio de vecinos
que las mezclaron con sus propias semillas.
Un amplio muestreo que realizó la Red en Defensa
del Maíz en 2003 y años posteriores, también
mostró contaminación en semillas campesinas que
están alejadas de campos comerciales, por lo que
la Red alertó desde entonces que los campesinos
debían ser mucho más cuidadosos en el tipo de
semillas que aceptaban y solamente usar
“semillas de las que se conoce su historia”. En
un Foro de la Red
en febrero 2009, se denunció que semillas provistas por el gobierno o
compradas en tiendas locales con recursos del
PROMAF (Programa de apoyo a la cadena productiva
del maíz y el frijol) también estaban
contaminadas.
En el occidente y norte del país es común el uso
de semilla comercial. Allí el proceso de erosión
de soberanía de semillas y la dependencia con
semillas de empresas está mucho más avanzado:
los agricultores están obligados a comprar
semilla cada año ya que los híbridos sólo
mantienen el rendimiento una sola estación. Pese
a este cambio estacional, se detectó de todas
formas contaminación transgénica.
Ambos casos
indican por tanto que las semillas híbridas de
las empresas y las que utiliza el gobierno en
sus programas están contaminadas con
transgénicos.
Es un dato alarmante pero no sorprendente: la
mayoría de las semillas comerciales de maíz
provienen de Estados Unidos, y según
mostró la Unión de Científicos Preocupados de
ese país, la mayoría de las semillas híbridas
(vendidas como no transgénicas) de maíz,
algodón, soya y canola, están contaminadas con
transgenes.
La UCCS denuncia que esto es una amenaza
a las variedades de maíz en su centro de origen,
y que si no se detienen las fuentes de
contaminación transgénica, se coloca en riesgo
permanente y fatal la integridad del grano, por
acumulación de transgenes que pueden provocar
deformaciones, falta de rendimiento y otros
efectos que podrían ser aún peores con el
aumento de siembras a campo abierto en
Estados Unidos de maíces “biorreactores”,
manipulados para expresar sustancias
industriales no comestibles.
A esto hay que sumar la contaminación por otras
vías, como la contaminación intencional en
Chihuahua y las plantaciones ilegales de maíz
transgénico, que esparcen polen transgénico a
través del viento, insectos, etcétera.
La UCCS
reclama que se restablezca inmediatamente la
moratoria contra la siembra de maíz transgénico,
una demanda altamente relevante cuando el
gobierno está considerado las solicitudes de
liberación a campo de maíz transgénico de las
trasnacionales Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow.
Señala además, que el proceso de estudio mostró
la enorme complejidad y dificultad para detectar
la contaminación y alertan que las redes de
monitoreo que el gobierno montó para ese fin,
son mayoritariamente privadas y parcializadas ya
que dependen de tecnologías patentadas y
propiedad de las mismas empresas transnacionales
que generan la contaminación.
La Red en Defensa del Maíz denunció a principios
de este año que ese monitoreo digitado desde el
gobierno, es una nueva forma de promover la
eliminación de las semillas campesinas y
entrometerse dentro de las comunidades, para
culpabilizar a la víctimas, acelerar la
eliminación de sus propias semillas y aumentar
la dependencia con las trasnacionales. Así se
completa el ciclo que iniciaron las empresas con
ayuda del gobierno para apoderarse de las
semillas, llave de toda la red alimentaria:
sustitución de las semillas campesinas por
programas y nuevas leyes restrictivas,
contaminación por polen y semillas importadas, y
ahora monitoreo “privado” –cuando todos los años
anteriores no hicieron nada–, seguido de
“limpieza étnica” de semillas, provocando mayor
erosión de la diversidad de maíces campesinos.
Contra estos ataques,
la Red en
Defensa del Maíz exige parar la liberación del
maíz transgénico, en una declaración apoyada por
más de 800 organizaciones y miles de individuos
de todo el mundo, y llama a todas las
comunidades a seguir cuidando la diversidad de
semillas nativas, base de la alimentación, de
las culturas y las autonomías.
Silvia Ribeiro*
Tomado de La Jornada, México
9 de julio de 2009
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