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Organizaciones campesinas mexicanas urgen una revisión al capítulo agrario del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las negociaciones con
el secretario de Gobernación están entrampadas, mientras sectores académicos han
señalado que la situación del agro en este país ha retrocedido a índices
semejantes a los de 1933.
El pasado jueves 6
de marzo las organizaciones campesinas que demandan la
reapertura del capítulo agropecuario del TLCAN se levantaron de la mesa
que se había establecido con Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de
Gobernación, denunciando falta de voluntad política para abrir un verdadero
diálogo.
Este es solo un
capítulo más de la polémica que se ha levantado en México a raíz de las
crecientes exigencias de diversos sectores sociales quienes afirman que este
acuerdo comercial ha sumido al sector agrícola nacional en una profunda crisis.
El retroceso
El Centro de
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el pasado 25
de febrero el estudio “Situación del Campo en México; Pobreza, Marginación,
Explotación y Exclusión”.
El reporte señala
que la situación en el sector es bastante preocupante, y que los índices de
desarrollo han retrocedido a una situación semejante a la de 1933. Además,
sostiene que en los últimos seis años la migración de las comunidades rurales se
ha incrementado 40 por ciento, a consecuencia de la crisis del campo, la baja en
los precios de los productos agrícolas y el encarecimiento de los insumos.
Esta migración es
evidente en algunas comunidades de estados como
Oaxaca donde las escuelas atienden
a no más de una docena de niños y el cultivo agrícola es casi nulo, pues los
hombres en edad económicamente activa han optado por buscarse un mejor futuro,
al intentar cruzar la frontera norte y llegar a Estados Unidos, enfrentando todo
tipo de peligros y vejaciones por parte de las autoridades migratorias.
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En los últimos seis
años la migración de las comunidades rurales se ha incrementado 40
por ciento, a consecuencia de la crisis del campo, la baja en los
precios de los productos agrícolas y el encarecimiento de los
insumos |
Los estudiosos del
CAM afirman que con la entrada en vigor del TLCAN en 1994 se agravó
el deterioro del sector agrario en México, a pesar de que para algunos
significó el supuesto ingreso del país al primer mundo. Lo cierto es que, el
desarrollo humano en las comunidades rurales de México es precario, solo un 38,2
por ciento cuenta con servicio de drenaje.
El valor de las exportaciones
agrícolas de Estados Unidos hacia México pasó de 3.476 millones de dólares,
antes de la entrada en vigor del tratado comercial, a 7.516 millones en los
últimos tres años.
Los efectos del
acuerdo en la degradación del medio ambiente también se han dejado notar.
Actualmente, el costo del agotamiento y la degradación ambiental equivaldría a
un diez por ciento del total del Producto Interno Bruto (PIB) de México, lo
que anularía la posibilidad de un crecimiento económico en este país.
Los daños por contaminación
representaron en la última década 36.000 millones de dólares, según el CAM.
México sería uno de los países que encabeza los índices de deforestación, pues
se pierden 631.000 hectáreas al año.
Otros de los sectores más afectados
por el TLCAN habrían sido los porcicultores, quienes han desaparecido en un 85
por ciento, y los pequeños productores de lácteos, quienes habrían quebrado en
un 57 por ciento; según consigna el estudio. En cambio, la introducción de pollo
y res desde Estados Unidos ha incrementado en un 60 por ciento.
Las reflexiones
El pasado 4 de
marzo, Armando Bartra, economista de la UNAM, expuso en su
ponencia “La Ruralidad en México”, como parte del foro “Los Retos de
la izquierda y el movimiento social de cara al siglo XXI”, la urgente
necesidad de rescatar la producción agrícola familiar y cooperativa para
alcanzar la soberanía alimentaria y detener la extracción agrícola industrial
que atenta contra el ecosistema.
El académico hizo
eco de las demandas de organizaciones campesinas que han tomado como consigna
desde hace varios años la frase “El campo no aguanta más” y la reciente
marcha hacia el Distrito Federal con el lema “Sin maíz no hay país”.
Bartra
afirmó que “depender de la importación de granos básicos es ruinoso para los
países que quizás pueden pagar estas importaciones, y suicida para aquellos más
pobres que no pueden pagarlas”. El economista sugirió que “en
adelante no solo será social y políticamente pertinente, que ya lo es, sino
económicamente rentable en la perspectiva de las cuentas nacionales, recuperar
la soberanía y seguridad alimentaria, buscando la autosuficiencia, cuando menos
en los bienes de consumo mayoritario”.
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Depender de la importación de granos básicos es ruinoso para los
países que quizás pueden pagar estas importaciones, y suicida para
aquellos más pobres que no pueden pagarlas |
Ante la pregunta
“¿Cómo pueden producirse en cada país los alimentos que hacen falta?”, el
académico propuso que “la salida no está, me parece a mí, en el agronegocio,
por dos razones: En primer lugar, por su modelo tecnológico depredador, porque
si éste encabeza la expansión agrícola, el daño ambiental será incalculable y,
en segundo, por su racionalidad económica especulativa, lo que maximizaría las
rentas, a las que da lugar el cultivo de tierras cada vez más lejanas y menos
fértiles”.
Concluyó que no se
puede “seguir dejando en manos privadas el aprovisionamiento alimentario,
porque es propiciar el arrasamiento final de campesinos y comunidades indígenas
por una agricultura extractiva, así se le ha llamado y certeramente, que además
no genera empleos”.
Y señaló que “al
tratarse de alimentos básicos, la demanda es inelástica, y los precios no tienen
más límite que la voracidad corporativa y la capacidad de pago del consumidor,
en este caso, del hambreado consumidor”.
En el marco de
estas reflexiones académicas, la también economista de la UNAM,
Magdalena Galindo, también abordó el tema en el foro “La posible crisis
en Estados Unidos y su impacto en México”, que se desarrolló el pasado 5 de
marzo, en el auditorio Ho Chi Minh de la facultad de Economía. Galindo
aseguró que la crisis agropecuaria en México se inició desde mediados de
los años sesenta, se agudizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
con la modificación del artículo 27 de la Constitución, que permitió la
privatización de los ejidos, y llegó a sus límites con la entrada en vigencia
del TLCAN en 1994. “Si bien dieron 14 años de gracia, pero ni en catorce
ni en muchos más se podría remontar la desventaja”, acotó.
Agregó que los
países Estados Unidos y Canadá tienen subsidios más altos, y que
el sector agrícola ha cobrado una gran importancia para ellos pues ya no están
centrados únicamente en la producción industrial. Recordó que por el contrario,
en México, “hay un
déficit en productos agrícolas fundamentales como el maíz”.
El impasse versus
la demanda social
El secretario de
Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, defendió durante una visita
a México a finales de febrero que "el TLCAN es un acuerdo exitoso,
hay una relación comercial de 230.000 millones de dólares y, se dice fácil, pero
hay mucho trabajo detrás para llegar a este nivel de comercio e inversiones".
"Si vemos las cifras es claro que ha contribuido a los tres países", argumentó,
durante una rueda de prensa.
Por su parte, el secretario de
Economía de México, Eduardo Sojo, llegó a decir que "para atrás ni
siquiera para agarrar vuelo", en referencia a una posible revisión del TLCAN,
lo que deja clara la posición del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Por su parte, la
Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del
Campo Mexicano “Sin maíz no hay país, y sin fríjol tampoco, pon a México en
tu boca”, ha intensificado su accionar desde el pasado enero para exigir la
revisión del tratado. En su manifiesto han dejado claro que: “Ante la
reiterada falta de voluntad política por parte del gobierno federal para
discutir y resolver la grave e insostenible problemática del campo mexicano,
desde el 1 de enero de 2008, las organizaciones campesinas, como parte
fundamental del pueblo de México, redoblamos la lucha por la recuperación de la
soberanía alimentaria del país, en defensa de la sociedad rural, por un campo
que supere la pobreza y otorgue expectativas de vida digna a las familias
rurales, y por la construcción de un proyecto alternativo de nación”.
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