La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que consagra la impunidad de la mayoría de los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, está a punto de caer, atenazada por una sentencia internacional y, al interior de Uruguay, por un proyecto de ley que contaría con las mayorías necesarias para ser aprobado.

El jueves 24 de marzo será recordado como "un día de triunfo para las víctimas de la dictadura, sus familiares y una gran parte de la sociedad uruguaya que ha buscado incansablemente caminos para impugnar una ley nacida de un acuerdo político que concedió impunidad a los perpetradores de crímenes horrendos".

Así se refirió la abogada Ariela Peralta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado uruguayo por la desaparición forzada de la joven argentina María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en 1976 estando embarazada, llevada clandestinamente a Montevideo y hecha desaparecer luego de haber dado a luz a una niña.

El fallo sostiene que la vigencia de la ley de Caducidad impidió que se investigara y se hiciera justicia en el caso Gelman. Pero trasciende ese caso. Es una ley, dice, que "carece de efecto jurídico", al violar disposiciones tratados internacionales suscritos por Uruguay, que obligan a sancionar crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas.

La CIDH dispone que Uruguay deberá "asegurarse" que esa ley "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso, ni para la identificación, y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares".

La sentencia, que halla al Estado uruguayo culpable por la desaparición de María Claudia García y la apropiación ilegal y supresión de identidad de su hija, recuerda que desde 1992 este país viene siendo periódicamente advertido de su deber de suprimir la ley de Caducidad y que no lo ha hecho.

Uruguay "ha incumplido con la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas" y lo compele a hacerlo de inmediato.

"Es un fallo vinculante, de cumplimiento obligatorio", que además constituye "un modelo de cómo se debe actuar en esta materia", comentó el abogado Óscar López Goldaracena, uno de los referentes de una Comisión Nacional por la Anulación de la ley de Caducidad, que impulsó un plebiscito, realizado en octubre de 2009, en el que finalmente la ley resultó ratificada.

La Corte estima, sin embargo, que ante el derecho internacional el resultado de ese plebiscito, como el de uno anterior, efectuado en 1989, carece de validez. "Que la ley haya sido aprobada en un régimen democrático y ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente, legitimidad ante el derecho internacional", dice.

Si este fallo no bastara, la ley se apresta a recibir jaque mate en el propio parlamento uruguayo.

Después de innumerables idas y venidas, y negociaciones que parecían que no llevarían a nada, finalmente la coalición de gobierno Frente Amplio consensuó un proyecto que termina declarando "inaplicable en los hechos" a la ley de caducidad.

Para ello se basa en fallos de la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó la inconstitucionalidad de la norma en una veintena de casos en los que fue consultada. "Es previsible que lo haga en el mismo sentido en otros casos en que sea llamada a pronunciarse. Eso fue lo que pasó en Argentina hace años: el parlamento anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final luego que la Corte Suprema la declarara inconstitucional en una cantidad de casos", recordó López Goldaracena a Sirel.

La sentencia de la CIDH "es suficiente para que la ley caiga, pero si además el parlamento vota este proyecto ya no será simplemente una caída sino un desplome monumental, un desbarranque", dijo un familiar de detenido desaparecido.

Todas aquellas víctimas directas de las aberraciones cometidas en dictadura o sus familiares que hasta ahora no hayan podido obtener justicia ahora podrían hacerlo, y es presumible que los militares o civiles que vayan a prisión sean muchos más que los diez que están presos en este momento, indicó Ariela Peralta, una de las abogadas defensoras de la familia Gelman.