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El Senado culminó la
obra de la Cámara de Diputados y Uruguay ya cuenta
con una ley de salud sexual y reproductiva que
despenaliza el aborto en un amplio abanico de casos.
Ahora, a esperar el milagro: que el presidente
Tabaré Vázquez no la vete.
De manera inesperada, a tal punto que ninguna organización
social, favorable o contraria al proyecto, había
convocado a las manifestaciones que tuvieron
invariablemente lugar cada vez que éste tuvo
tratamiento parlamentario, la bancada de senadores
del gobernante Frente Amplio decidió acelerar el
paso y en la noche del martes 11 liquidó todo en
pocos minutos, aprobando por mayoría la ley de salud
sexual y reproductiva en los mismos términos en que
lo hizo Diputados una semana atrás.
Culminó así un proceso iniciado tres años atrás, cuando
legisladores del Frente Amplio presentaron un
proyecto que se convertiría, como se preveía, en uno
de los que más polémicas levantaría en la interna de
la propia coalición en el poder, atravesada en este
tema por divisiones horizontales.
El camino fue largo, con marchas y contramarchas,
convocatorias al parlamento a representantes de
decenas de asociaciones e instituciones de todo pelo
y señal, y un intenso debate público pautado por
presiones que fueron in crescendo de parte de la
jerarquía de la iglesia católica, la última de las
cuales -hace apenas una semana- consistió en el
anuncio, por la Conferencia Episcopal Uruguaya, de
que todo legislador católico que votara a favor de
la “ley abortista” sería inmediatamente excomulgado.
Pero lo que no pudo la Iglesia, es muy probable que
paradójicamente lo pueda el médico socialista
Tabaré Vázquez, quien nunca ocultó su repulsión
por un texto que “violenta sus convicciones” de
“defensor a ultranza de la vida”. Desde este
miércoles 12 Vázquez tiene diez días para
concretar su anuncio de que vetaría cualquier ley
que despenalizara el aborto.
De ser así, y como es prácticamente imposible que en este
caso en el Parlamento pueda reunirse la requerida
mayoría especial de tres quintos para levantar un
veto del Poder Ejecutivo, todo volverá a fojas cero
y continuarán vigentes disposiciones que datan de 70
años atrás y que criminalizan una práctica a la que
recurren cada año más de 30 mil uruguayas.
“Sería lamentable, y más aun en un gobierno progresista, que
la convicción de una persona, por más presidente de
la República que sea, prime sobre la de un
parlamento que representa a la gran mayoría de los
uruguayos y que tuvo todas las precauciones para
procesar de manera democrática esta discusión”,
coinciden integrantes de organizaciones de mujeres.
La esperanza de militantes de algunos de esos grupos y hasta
de legisladores oficialistas es que Vázquez
habilite lo que ven como “el camino más democrático
para dirimir de una vez por todas este tema: la vía
de la consulta directa a la ciudadanía”, según
resumió el senador del Frente Amplio Alberto
Couriel, uno de los votantes de la ley de Salud
Sexual y Reproductiva.
La Constitución uruguaya prevé que cualquier ley pueda ser sometida a
referéndum popular por voluntad del 25 por ciento
del electorado. Incluso algunos de los promotores
más notorios de esta ley han dicho que están
dispuestos a firmar por la realización de un
referéndum para que “el pueblo decida” su
ratificación o no si esa es la forma que se
encuentra para evitar que el presidente la vete.
La que se aprobó fue “una ley integral, que aborda la
problemática del aborto desde su justo término”,
dijo la directora de Mujer y Salud en Uruguay,
Lilián Abracinskas. “La práctica clandestina del
aborto es la punta de un gran iceberg que indica la
falta de condiciones existentes en el Estado para
que las personas puedan tomar decisiones libres.
Esta ley obligará al Estado a tener políticas de
educación sexual, a dar servicios de anticoncepción
accesibles en todo el país para todas las personas,
a promover maternidades y paternidades responsables,
y además a atender lo que es el nudo del proyecto:
cómo resolver la práctica clandestina del aborto”,
agregó.
La senadora frenteamplista Margarita Percovich, una de
las más activas promotoras de esta ley, coincidió:
“en definitiva lo que esta ley hace no es promover
el aborto, como se dice falazmente desde ciertos
sectores, sino regularlo, brindar las condiciones
adecuadas para que quienes quieran hacerlo, y que de
todas maneras lo harán, puedan llevarlo a cabo en
condiciones adecuadas, sin riesgo de vida. Y enmarca
esa práctica en toda una serie de otras medidas de
promoción de una paternidad responsable tendientes
justamente a evitar las interrupciones de embarazos,
a las que nadie recurre alegremente. Es una ley que
hace del Estado un Estado responsable, activo en la
defensa de derechos y de la salud de sus ciudadanos,
y no omiso”.
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