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La
Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del
Chaco, creada por el gobierno provincial en diciembre pasado
analizó estadísticas en zonas con uso intensivo de
agroquímicos y entregó un primer informe en la Casa de
Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. En
una década se triplicaron los casos de cáncer en niños y
cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones.
Es la
primera vez que una provincia aporta estadísticas sanitarias
vinculadas con zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los
datos son contundentes y confirman las denuncias que desde
hace años realizan los vecinos: los casos de cáncer en niños
se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos
aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y
corresponden a un estudio oficial de la Comisión de
Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada
por el gobernador en diciembre pasado. “Primer Informe” es
el simple título del documento que fue entregado en la Casa
de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local.
Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La
Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias
por el uso de herbicidas y plaguicidas. Las malformaciones
corresponden a datos de toda la provincia, donde –siempre
según datos oficiales– se producen 17 casos por mes. La
Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes
estudios de impacto ambiental.
A Iván
le gustaba ver las avionetas que sobrevolaban sobre su casa.
Tenía seis meses, escuchaba los motores y pedía upa para
salir al patio y saludar el paso del aeroplano. Laura, la
mamá, lo levantaba y llevaba al jardín para dar el gusto al
bebé. Con el paso de las avionetas, Iván aprendió a saludar
con la mano, se reía y festejaba el vuelo rasante. A los 2
años le detectaron leucemia. Fue trasladado de urgencia al
Hospital Garrahan, padeció ocho meses de quimioterapia y dos
años de tratamiento intensivo.
“Los
médicos me preguntaron si vivíamos cerca de plantaciones con
agroquímicos. Recién ahí me enteré de que la avioneta que
saludábamos con mi bebé lo que hacía era echar veneno en el
campo frente a mi casa. Se me vino el mundo abajo”, explica
Laura Mazitelli, del barrio La Ralera de La Leonesa.
Era 2002, Iván se recuperó, y Laura se transformó en una
denunciante de los agroquímicos. La trataron de loca y
opositora al desarrollo, pero los casos de cáncer se
multiplicaron y los vecinos comenzaron a organizarse.
La Leonesa
es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de
Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto
sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de
arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos,
picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también
en los cultivos de soja.
Por la
movilización constante y el reclamo de estudios, el gobierno
del Chaco creó por decreto el 9 de diciembre de 2009 la
Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del
Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud
Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el
Ministerio de Salud de Nación, la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. “Tendrá como
misión receptar, estudiar, coordinar y conducir las acciones
para garantizar y optimizar la contaminación de arsénico,
agroquímicos y otros”, señala el breve decreto, de sólo dos
páginas.
A cinco
meses de su creación, la Comisión Investigadora finalizó su
primer informe, que fue publicado por el periodista Brian
Pellegrini, del sitio de noticias Chaco Día por Día.
“Respecto
de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores
cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos
anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período
2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica
la ocurrencia de cánceres en niños”, afirma el trabajo de la
Comisión oficial, focalizado en La Leonesa.
En la
década de 1990-1999 se registró un promedio de 0,2 casos por
año (1 caso cada 60 meses). En tanto en el período 2000-2009
se contabilizaron 0,6 casos por año (1 caso cada 20 meses).
“Los valores se encuentran por encima de lo esperado,
incrementándose notablemente en los últimos diez años,
período en el que los casos registrados triplican la
ocurrencia de cáncer en niños menores de diez años.”
La media
mundial de cáncer en menores de 15 años es de 12-14 casos
cada 100.000 niños. Los datos oficiales de Chaco muestran
que en La Leonesa el registro trepa a 20,2.
El informe
señala la multicausalidad del cáncer, pero llama la
atención: “Este incremento de la casuística coincide con la
expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud
de la población, debido a que las prácticas y técnicas de
cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo
principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.” Todas
las cifras surgen del Servicio de Estadísticas del Hospital
Pediátrico local y destaca que un 25 por ciento más de casos
son atendidos directamente en el Hospital Garrahan de Buenos
Aires, por lo cual las cifras totales de casos es mayor.
Beatriz
Nicolini
es pediatra, trabaja desde hace 25 años con pacientes
oncológicos, integra la Comisión oficial y confiesa que, “a
pesar de la magnitud de las cifras”, no le asombraron los
datos. “Hace tiempo que vemos cómo se multiplican los
chiquitos con cáncer. Pareciera no detenerse. Y, aunque no
hay una sola causa de ese incremento, los casos aumentaron
al mismo tiempo que aumentaba el uso de agroquímicos, ya sea
en arroceras o soja”, explica y detalla que sobresalen los
casos de leucemia, seguidos por tumores cerebrales y
linfomas.
“Tatiana
de 5 años. Milagros de 8. María de 7.
Francisco de 12. Victoria de 6. Son todos vecinos
con cáncer. Y lo peor es que la lista sigue. Todas familias
humildes que están pasando lo mismo que nosotros”, lamenta
Laura Mazitelli, la mamá de Iván, la que
llamaron “loca” y ahora reprocha: “¿Hacían falta tantos
casos para reconocer que nos están envenenando?”
Las
malformaciones crecieron aún más. En una década se
cuadruplicaron en toda la provincia del Chaco los casos en
recién nacidos. En el lapso de un año, entre 1997-1998, hubo
en Chaco 24.030 nacimientos, de los cuales se contabilizaron
46 malformaciones. Una década después, en doce meses entre
2008 y 2009, se registraron menos nacimientos: 21.808, pero
se multiplicaron las malformaciones: 186 casos. El informe
oficial destaca que se pasó de un índice de 19,1 por cada
10.000 nacidos a 85,3.
Los datos
corresponden a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de
Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia. De 1997 a
1998 hubo un promedio de 4,9 casos por mes. De 2001 a 2002
creció a 7,5 casos. Y entre 2008 y 2009 aumentó a 16,8 casos
mensuales.
Desde el
Ministerio de Salud de Nación informaron que no se cuenta
con estadísticas nacionales sobre el tema. Desde la Comisión
investigadora, una integrante –que pidió mantener el
anonimato por “las enormes presiones” que están recibiendo–,
consideró que “todos los firmantes del informe tenemos mucha
experiencia y antecedentes en lo que estudiamos, pero las
empresas arroceras y sojeras están presionando mucho al
Gobierno. No sabemos cómo terminará, hay demasiados
intereses en juego”.
Dos
integrantes de la Comisión confirmaron que están elaborando
un segundo informe que aporta estadísticas oficiales sobre
el geométrico incremento, en zonas con uso de agroquímicos,
de los embarazos que no llegan a término por abortos
espontáneos, el aumento de problemas reproductivos en
adultos y crecimiento exponencial de cáncer de mamas. No
tienen fecha definida para entregarlo a las autoridades,
pero alertaron sobre la posibilidad de “intromisiones en el
trabajo de la Comisión”.
El primer
informe fue elevado al gobernador del Chaco, Jorge
Capitanich, y al Ministerio de Salud provincial el 8 de
abril. La investigación oficial resalta que sólo son
incluidos datos del servicio de salud pública. “Tanto en
datos estadísticos de enfermedades oncológicas infantiles
como en malformaciones en recién nacidos no están incluidos
los registros de instituciones sanitarias privadas, en los
cuales las estadísticas son similares, aspecto que las
aumentaría considerablemente.”
El informe
de la Comisión investigadora solicita que se tomen “medidas
precautorias” en La Leonesa hasta que se realice un estudio
de impacto ambiental y piden que se amplíen los análisis a
otras seis localidades que estarían en las mismas
condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas,
Avia Terai y Colonia Elisa.
Un fallo judicial limita los
agroquímicos
Freno a la fumigación
Un juez
chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de
un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la
respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las
Palmas.
Por primera
vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos
en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también
protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el
principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio
ambiental irremediable, es necesario tomar medidas
protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio
de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida
cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas
(localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las
fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos
figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de
agronegocios.
El barrio
La Ralera está ubicado en la zona sur de La Leonesa,
lindante a campos de arroz. Desde hace ocho años, los
vecinos denuncian el incremento de casos de cáncer, las
intoxicaciones y la contaminación del agua producto de los
agroquímicos. En los últimos tres años presentaron al menos
50 notas a distintos funcionarios y nunca tuvieron
respuesta.
“En el
barrio no crecen frutas, verduras y hortalizas. Se secan los
naranjos y limoneros, como también los paraísos y otros
arbustos. Pero lo más importante: los vecinos se enferman
frecuentemente de patologías recurrentes y repetidas”,
advertía en noviembre de 2008, en un documento público, la
ONG Centro Nelson Mandela de Estudios e Investigación
Social. También denunciaba el peligro de las comunidades
indígenas y familias criollas cercanas a las arroceras. “Es
más que seguro que continúen las lluvias de agrotóxicos y
comiencen a manifestarse las enfermedades asociadas a la
actividad”, avisaba.
En enero
último, los vecinos presentaron un recurso de amparo y una
medida cautelar contra las arroceras San Carlos y Cancha
Larga, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el
gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las
fumigaciones, que los campos de arroz no sigan
extendiéndose, que se considere la relocalización de los
arrozales y se protejan las fuentes de agua.
El Juzgado
Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia, a cargo de Héctor
Edgardo García Redondo, hizo lugar a la medida cautelar y
prohibió las fumigaciones a menos de mil metros de las
viviendas (si las pulverizaciones se realizan vía terrestre)
y 2 mil metros si son aéreas. Nunca un fallo había extendido
tanto el límite a fumigar y, en un hecho sin precedentes,
además prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua.
También protege a las escuelas Nº 17 y Nº 68, que solían ver
pasar las avionetas a pocos metros.
“Cabe
resaltar que el principio precautorio indica que todo daño a
la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a
través de medidas de carácter preventivo. Y la realización
de ciertas actividades o empleo de determinadas tecnologías,
cuyas consecuencias hacia las personas o al medio ambiente
sean inciertas pero potencialmente graves, deben ser
restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta”,
fundamenta el fallo, que prohíbe el uso de glifosato,
endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros.
Este diario
se comunicó con la oficina del responsable de ambas
arroceras, Eduardo Meichtry, pero no hubo respuesta a la
consulta.
“Es una
medida muy importante porque es la primera vez que en el
Chaco se frena a los agroquímicos. Y puede ser un
antecedente importante para otras muchas comunidades de la
provincia que sufren lo mismo que La Leonesa y Las Palmas”,
explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular,
Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.
El fallo,
dictado el 29 de abril, exige un estudio de impacto
ambiental en 90 días, solicita al Ministerio de Producción
un “informe detallado” de las aplicaciones aéreas y
terrestres, transporte, almacenamiento y fraccionado de
plaguicidas y agroquímicos de las arroceras denunciadas,
requiere a la Administración Provincial del Agua (APA) que
dé cuenta de los análisis ya realizados en la zona y ordena
la realización de “un estudio estratégico y acumulativo”
sobre plaguicidas, agroquímicos y derivados en los cursos de
agua de Las Palmas y La Leonesa.
También
ordena al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles
médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras
hasta que se resuelva el amparo, y solicita a los municipios
que entreguen, en quince días, un “informe detallado” sobre
las medidas adoptadas en el tratamiento de residuos
contaminantes de los productores.
La causa se
encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, a la espera
de que se resuelva la cuestión de competencia. No hay fecha
posible de resolución.
Elio Servín
vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos
chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por
leucemia. “Primero nos dimos cuenta de que el agua venía
turbia y con mal gusto. Después comenzaron las alergias y
más tarde enfermedades jodidas. Hace unos dos años nos
juntamos e hicimos denuncias, pero nunca los políticos nos
llevaron el apunte”, recuerda y piensa a futuro: “Ahora la
Justicia empieza a darnos la razón; pero falta mucho, atrás
de todo están los peces gordos, los verdaderos responsables
de las muertes, empresas y políticos que no dan la cara”.
Otros fallos a favor de la
salud
La Justicia dice no
-Formosa:
Campesinos del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en
2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron
sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos
que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de
sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia
Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones.
Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida
de ese tipo. Fue declarada enemiga de las empresas de
monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte
de pares, superiores y el poder político. En diciembre de
2007 fue echada de su cargo. “Nunca me perdonaron que
frenara las fumigaciones”, afirmó Silvia Sevilla a este
diario. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana
Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber.
Todos sus fallos se ajustaron a derecho y aquí es un pecado.
No se puede meter contra el poder político y los
empresarios”. Ningún otro juez de Formosa prohibió las
fumigaciones.
-Buenos
Aires: El Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes prohibió
en marzo de 2008, con sentencia firme, las fumigaciones en
zona periurbana de la localidad de Alberti. También dispuso
que la Asesoría Pericial Departamental elaborara un informe
médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede
acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales) la
fumigación con glifosato”.
-Córdoba:
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, ganó
notoriedad hace nueve años por la gran cantidad de enfermos
de cáncer (200 casos en 5000 habitantes) y niños con
malformaciones. Al este, norte y sur estaban rodeados de
campos de soja, y las fumigaciones llegaban hasta las
puertas de las viviendas. La organización Madres de
Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se
multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios
sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. En
diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a
productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo
estableció como un delito penal y apuntó contra el glifosato
y el endosulfán. La medida impidió utilizar agroquímicos a
menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones
son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros.
-Santa
Fe: San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón
del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía
años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba
alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo
de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida
fue apelada, pero en diciembre pasado se dictó un fallo
inédito: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
(Sala II) dejó firme la sentencia que prohíbe las
fumigaciones en cercanías de zonas urbanas. Pero además
ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que
los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta
manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba:
era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados
tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora
serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes
tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los
jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el
principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio
ambiental irremediable, es necesario tomar medidas
protectoras. Además de la prohibición total de fumigar con
agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares
(si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la
aspersión es mediante avionetas).
“Hay grandes intereses”
El jefe del
Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional
del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, es una
antigua voz que alerta en el Chaco sobre los efectos
sanitarios de los agroquímicos. En el 2000 presentó una
carta a la Cámara de Diputados de la provincia. Advertía
sobre el incremento notable de casos de malformación, lo
relacionaba con el corrimiento de la frontera agropecuaria
y, sobre todo, instaba a realizar estudios “serios y
completos” sobre las poblaciones cercanas al uso de
agroquímicos. Lo convocó la Comisión de Salud de la
Legislatura, lo escucharon y prometieron volver a llamarlo.
Pero nunca lo hicieron.
Lucero
aún guarda una hoja amarilla, copia de aquella carta de
alerta de hace diez años. “A mediados de la década del ‘90
llegaban casos de malformación, supuestamente ligados a los
herbicidas organofosforados usados en los ’70 y ’80. Pero a
partir del avance de la soja el crecimiento de casos fue
exponencial. Me encargaba de realizar estudios y confirmaba
que no se trataba de defectos genéticos, como se intentaba
decir, sino de otros factores”, recuerda el investigador.
“Hay
grandes intereses económicos para que esta situación no tome
estado público, basta ver lo que le sucedió a Andrés
Carrasco (investigador del Conicet y director del
Laboratorio de Embriología de la UBA que en 2009 alertó en
Página/12 sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó
una campaña de desprestigio), pero los casos son tantos que
no se pueden esconder, los mismos datos de hospitales
públicos confirman los efectos”, afirmó Lucero.
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