Muchas
organizaciones entendieron la urgencia de demandar
una
política sectorial
incluyente, favoreciendo a los débiles y
garantizando la
seguridad alimentaria nacional.
Andrés Felipe
Arias
(ex
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de
Colombia), para estigmatizar al 50 por ciento de la leche que se
transa por “los canales informales” y que, según él,
es veneno, preguntó en teleconferencia de agosto 3
de 2008, “¿Qué le voy a dar a mi bebé?”.
En el mismo sentido, en el Congreso de
Fedegan
(Federación Colombiana de Ganaderos), el 28 de
noviembre de 2010, el actual Ministro Juan Camilo
Restrepo señaló que “la informalidad” es el
principal “cuello de botella”; es decir, ambos
coinciden en atribuir a la misma causa los
padecimientos de la cadena.
La FAO, al contrario, dice que el problema a escala
global es la “vulnerabilidad de los productores”
frente a la gran industria y Colombia no es
excepción.
Uno de cada dos
ganaderos tiene menos de diez reses. Cada vaca
entrega en promedio cinco litros por día. Una
proporción muy grande son mujeres rurales que
complementan el ingreso familiar. La mayoría de los
animales no se especializan ni en carne ni en leche
sino en “doble propósito”; todo lo cual limita la
existencia de hatos de talla mundial como los exige
la tecnocracia criolla. Para colmos,
un
oligopolio controla el 85 por ciento de la leche
pasteurizada.
En Colombia, en Brasil o en India hay otros canales,
con pequeños comercializadores, consumidores de
bajos ingresos y pequeñas firmas de derivados. Esta
porción del mercado está en la mira de las grandes
compañías.
El gobierno, en conchabanza, ha expedido decretos
prohibitivos de la leche en cantina, pese a que la
OMS considere que, hervida, es alimento sano y ha
aceptado capítulos lácteos en seis TLC para que las
filiales importen desde sus casas matrices, aunque
el país sea autosuficiente.
Es laxo con la presencia en tiendas y supermercados
de bebidas lácteas basadas en lactosuero y de otras
formas industriales engañosas que, sin nutrientes
auténticos, asaltan la fe de los compradores. Y más
grave aún, alcahuetea que no se paguen al lechero
los precios oficiales, como sucede a estas alturas
de 2011 cuando ni siquiera se han actualizado.
Todo un legado de Arias que Restrepo continúa.
Usando los medios nombrados y otros más, el interés
neoliberal es sustituir por extranjera una porción
significativa de la leche nacional.
La industria carece
de capacidad para procesar los 6.500 millones de
litros producidos al año y, por ende, cabe
preguntar, ¿de dónde saldrá el sustituto del
porcentaje que se proscribirá desde el 10 de marzo?
Muchas organizaciones entendieron la urgencia de
demandar una política sectorial incluyente,
favoreciendo a los débiles y garantizando la
seguridad alimentaria nacional, y se unificaron para
resistir esa alianza “público-privada” que planea
hacer del país una pieza más en la conquista, por
los poderosos, de un “nuevo mundo” lácteo.
Será un pulso reñido que comienza hoy 9 de marzo.