La crisis que viven los pescadores de la zona centro sur de Chile tiene su origen en la “privatización del mar” a favor de los pescadores industriales cuyas prácticas insustentables están agotando los recursos, principalmente la merluza común. En varios de los principales caladeros chilenos ya no hay pesca desde hace seis meses.

“Hay una crisis del sistema de administración que ha manejado los recursos pesqueros bajo cánones de maximización económica, concepto incompatible con la preservación y conservación”, dice Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach). Agrega que en nuestro país prima una “visión de explotación minera de los recursos pesqueros, donde leyes y ‘recomendaciones científicas’ avalan su depredación al máximo. A partir del período 2000-2002, los recursos pasaron a ser activos de las compañías pesqueras gracias al sistema de Límite Máximo de Captura (LMC). Las acciones de estas compañías, tras la aprobación de la Ley, aumentaron considerablemente. Son ‘rentables’ si los activos no bajan de las 40 mil toneladas”.

Cuando se votó la Ley de LMC, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, fue cuestionado por sus vínculos con la industria pesquera. Los senadores Adolfo y Andrés Zaldívar poseían acciones en la pesquera EPERVA, de propiedad del multimillonario Anacleto Angelini.

Recientemente, el Congreso analizó en sesión especial la “escasez del recurso merluza”. Se aprobaron cuatro proyectos que buscan “recuperar esta pesquería y mitigar los efectos que la crisis tiene en las comunidades de pescadores”. “La mayoría de los parlamentarios desvirtuó la tesis de que la jibia* es la principal causante de la disminución de los recursos pesqueros. El apoyo al sector artesanal, en función de asumir que la crisis es el efecto de malas medidas administrativas y la utilización del arte de pesca de arrastre, fue transversal en términos políticos partidistas”, señala la Conapach. A la sesión asistieron pescadores de las caletas de Valparaíso -El Membrillo, Diego Portales y Sudamericana-, San Antonio, y de la VIII y X regiones.

La primera iniciativa -51 votos a favor y 1 abstención-, solicita, básicamente, que en la Ley de Presupuestos 2008 se dispongan recursos necesarios para el Fondo de Investigación Pesquero, que deberá determinar cuál es la causa de la depredación y disminución de la merluza. Además, solicita a la Subsecretaría de Pesca que “modifique el período de veda por desove de la merluza y se mejoren las medidas de fiscalización”. El segundo proyecto -37 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones-, pide al gobierno, principalmente, un programa de Apoyo al Emprendimiento y Diversificación de los Pescadores Artesanales, y que algunas pesquerías -merluza común, reineta, sardina, sardina española y anchoveta-, sean “exclusivamente de los pescadores artesanales”.

El tercer proyecto -41 votos a favor y 4 abstenciones-, solicita a la presidenta Michelle Bachelet, que “declare a la merluza común en régimen de pesquería en recuperación” y proponga “técnicas de pesca más selectivas para salvaguardar el producto y sustentar su desarrollo a futuro”. El último proyecto de acuerdo -45 votos a favor y 4 abstenciones-, pide al Intendente de la V Región, “extender el programa de ayuda que anunció a todos los pescadores cuyo ingreso familiar dependa exclusivamente de esta actividad”, y que “la presidenta de la República considere para el Presupuesto de la Nación del próximo año recursos suficientes para revitalizar y diversificar la pesca artesanal”.

Presiones, crisis y riesgo alimentario

Más de tres meses permanecieron las “ollas comunes” en las caletas de la V Región esperando una solución. Tras las movilizaciones de agosto, el gobierno ha entregado ayuda asistencial: capacitación, subsidios y canastas familiares por cuatro meses, quedando sujeta su continuidad a la evaluación de proyectos para el Presupuesto 2008.

“Los anuncios sólo son un paliativo para calmar la angustia que vivimos los trabajadores de mar”, dice Eduardo Quiroz, presidente de la Federación. “La situación de los recursos está en las mismas condiciones. No bajaremos los brazos hasta que se tomen decisiones que permitan recuperar la merluza”, agrega. Por su parte, Mario Ayala, dirigente de la Federación y presidente del Sindicato de Mediana Altura de San Antonio, dice: “El conflicto se mantiene y no parará hasta que no haya una posición clara del Estado para resguardar los recursos”.

En julio de 2007, en la reunión del Consejo Nacional de Pesca -instancia que determina las cuotas-, el entonces subsecretario, Carlos Hernández, que había anunciado rebajar la cuota anual de merluza para asegurar su conservación y renovabilidad, dio un paso atrás acogiendo la exigencia de los industriales pesqueros de suspender la votación hasta septiembre. “Asintió sin problema, y los únicos miembros del Consejo que exigieron que se votara fueron quienes representan a la pesca artesanal. Finalmente Hernández renunció”, dice Cosme Caracciolo. Y enfatiza: “Hay profundo malestar entre los pescadores. Se nos convocó para tomar una decisión sobre un recurso que está a punto de desaparecer y del cual dependen miles de familias, y fuimos engañados. Mientras se discutía en la subsecretaría, trabajadores de la industria provenientes de Talcahuano se manifestaban en la Plaza de la Intendencia, en Valparaíso, ‘apoyando’ a los industriales, con el discurso que ‘disminuir las cuotas o eliminar la pesca de arrastre traerá más cesantía’”.

Más de 120.000 personas viven de la pesca artesanal y actividades asociadas a ella: encarnadoras, fileteadores, comerciantes, etc. “Mientras se sigan concentrando los recursos del mar en manos de unos pocos que sacan el mayor beneficio, el hambre, la cesantía y el agotamiento de las especies se acentuarán”, agrega Eduardo Quiroz. La crisis de la merluza ha golpeado principalmente a las caletas de la zona centro y sur de Chile. Pescadores, científicos y parlamentarios advirtieron, desde principios de 2000, que un sistema de cuotas significaría a corto plazo el colapso de los recursos pesqueros.

De la urgencia a la emergencia

Gabriel Valenzuela, presidente del Sindicato de Caleta El Membrillo y dirigente de la Federación Nuevo Amanecer, dice que le solicitaron a Bachelet “una gestión resolutiva y no contemplativa como ha ocurrido hasta ahora, y que obligó la renuncia del subsecretario anterior. Necesitamos una solución a la crisis que vivimos, crisis desencadenada por la depredación de los recursos en nuestro mar”. La situación es crítica. Desde principios de julio de 2007 no hay más merluzas en las caletas de Valparaíso, San Antonio y Concón. Miles de pescadores son parte de una cadena productiva en riesgo de desaparecer. Sus organizaciones exigen el cierre de áreas a la pesca de arrastre y medidas económicas que mitiguen la crisis social.

Valenzuela dice que “Las ollas comunes han sido la única manera de obtener un plato de comida diario. A fines del 2006, el gobierno se comprometió a financiar un incentivo al zarpe. Sin embargo, no lo hemos recibido desde mayo. Tampoco se ha hecho efectivo el compromiso de incentivar el consumo de jibia o aumentar su precio. Hoy nos dicen que la jibia se está ‘comiendo la merluza’, que ‘el calentamiento global hace que los peces emigren’… La verdad es que los industriales están agotando el mar”.

El colapso de la merluza es evidente. En 2002 su biomasa fue calculada en 1.500.000 toneladas. En 2003, el IFOP no realizó ningún estudio. Se cometió el error de considerar que la pesquería estaba sana y se mantuvo la cuota de 139.500 toneladas para 2004. Pero ese año la cantidad de merluzas disminuyó a 272.000 toneladas. Sólo un 18 por ciento del total calculado en 2002. Para los pescadores las cifras fueron manipuladas con la intención de que las organizaciones de artesanales aprobaran la nueva modalidad de asignación de cuotas. A pesar del importante descenso, la explotación de merluzas aumentó debido a las presiones de la industria y a la inexistencia de un plan de manejo gubernamental.

¿Dónde están las alternativas?

“La solución es tomar decisiones en el corto plazo que permitan la recuperación de los recursos, y corregir el desastre social tras la ley que los privatizó, principal causa de su disminución. El 95 por ciento de la cuota anual de jurel es capturada por la industria con redes de arrastre; en el caso de la merluza es el 65 por ciento. El jurel también se encuentra en un estado crítico”, dice Caracciolo.

Gabriel Valenzuela dice que no salen a pescar desde hace casi un año: “No hay peces. No queda merluza. Hace un año, el documento ‘Propuestas de la pesca artesanal para enfrentar la crisis de la pesquería merluza común’, denunciaba que ‘con la entrega de cuotas individuales, permanentes, transferibles y gratuitas a los armadores industriales de naves de pesca, a partir de 2000, éstos comenzaron a establecer a su voluntad y conveniencia económica la captura de los recursos pesqueros, con sus artes de pesca tremendamente nocivas para los recursos y fauna acompañante (…) Tratando siempre de obtener el mayor beneficio económico por cuota asignada, las cuotas individuales o LMC incentivan la selección por tallas, descartando el pescado de menor talla (ya muerto)’”.

Los pescadores acudieron a la FAO para solicitar al gobierno que haga efectiva la “moratoria a la pesca de arrastre en aguas interiores y a las concesiones de acuicultura”. El colapso de recursos pone en riesgo la seguridad alimentaria: “Es un crimen destinar las capturas con mayor valor alimenticio a la crianza de peces que hoy son exportados a países que no cuentan con problemas de alimentación. Gastan seis kilos de peces para obtener un kilo de salmón. El 100 por ciento de las sardinas y anchovetas se destinan a la fabricación de harina de pescado. La merluza se agota porque se privilegia el arte de arrastre”, concluye Cosme Caracciolo.