El pasado martes 20 la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), realizó en Brasilia su primera movilización de asalariados y asalariadas rurales. Al mismo tiempo, recibieron la respuesta del gobierno a sus reivindicaciones previamente presentadas. Sirel dialogó con Antonio Lucas, secretario de los asalariados rurales de la Confederación, para conocer los resultados de la negociación.

-¿Cómo evalúas la reciente movilización

y qué efectos tuvo?

-Esta movilización tuvo dos resultados importantes. El primero es positivo y es el político, porque logramos hacer la primera movilización de los asalariados y asalariadas rurales de la CONTAG.

Si bien hace mucho tiempo que se viene trabajando en el sector, nunca habíamos logrado hacer una movilización como ésta, en la cual más de 4 mil personas de todo Brasil dejaron sus trabajos por unos días para venir a Brasilia a reivindicar sus derechos.

Por esto podemos decir que políticamente fue muy positivo.

-¿Y en cuanto a las respuestas del gobierno?

-Esa parte no fue tan positiva. El pasado martes 20 estuvimos reunidos en el Palacio do Planalto, en audiencia con algunos Ministros que nos entregaron un dossier con las respuestas del gobierno a nuestras reivindicaciones. La Comisión que nos representó en esa instancia ni siquiera llegó a leer el contenido de la contestación ya que los comentarios previos de los Ministros nos resultaron muy desagradables y vimos que no era lo que esperábamos. 

Nuestra reacción fue decirles que no nos estaban entregando una verdadera respuesta, y que realmente queremos que el gobierno se plantee seriamente resolver estos puntos que hemos levantado.

-¿Cómo reaccionó la delegación oficial?

-El gobierno alegó que nuestra plataforma les fue entregada con poco tiempo de anticipación y pidió un nuevo plazo de 30 días para generar un diálogo junto a otros Ministerios.

Explicaron que para el gobierno nuestra plataforma es completamente nueva, ya que CONTAG nunca había presentado una pauta específica para los asalariados, y por eso no habían podido en ese momento dar una respuesta más clara.

-¿Qué ocurrió entonces?

¿Se llegó a un acuerdo?

-Nosotros no podemos decirles a los trabajadores y trabajadoras, que se va a crear un grupo de trabajo para estudiar la situación y después analizar las acciones posibles. Nada de eso.

El gobierno tiene que entender que estamos aquí para obtener soluciones concretas y claras a los puntos de nuestra plataforma.

La reunión se levantó en ese momento. Aceptamos el plazo solicitado pero nos levantamos de la mesa de negociación. Se elaboró una nueva agenda y antes que finalice abril, estaremos de nuevo aquí en Brasilia para recibir la respuesta formal del gobierno.

-¿Habrá una nueva movilización masiva?

-No sabemos si vendremos con miles de compañeros y compañeras o si asistirá solamente la Comisión Negociadora, que está integrada por representantes de las 27 Federaciones y de la Dirección de la CONTAG.

Eso lo decidiremos en una próxima reunión de nuestro Colectivo Nacional que integran representantes de todos los estados brasileños.

-¿Cuáles son las principales reivindicaciones ante el gobierno?

-La prioridad de nuestra pauta es que el gobierno establezca un programa nacional de apoyo a los asalariados y asalariadas rurales, porque actualmente nuestra categoría está a merced de los abusos de las empresas sin poder respaldarse en una política pública adecuada.

-Las empresas, sin embargo, reciben mucho apoyo oficial…

-Eso vemos. El sector empresarial tiene mucho apoyo financiero del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), y el trabajador rural ni siquiera tiene seguro de desempleo.

No vamos a admitir más esta discriminación. El gobierno da mucho para los grandes y nada para los más pequeños, los asalariados y asalariadas que son quienes están día tras día plantando, cuidando, cosechando...

-¿Qué resultado tuvo la movilización a nivel parlamentario?

-Como un punto positivo podemos anotar que recibimos la promesa de Marcos Maia, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, que durante mayo próximo incluirá en la agenda de la Cámara la votación de la PEC 438, más conocida como la “Ley del trabajo esclavo”, según la cual las tierras en las cuales sea comprobado el trabajo esclavo podrán ser confiscadas sin indemnización por el gobierno y destinadas a asentamientos de reforma agraria para los trabajadores rurales. 

Pero sabemos que esta buena intención no será suficiente y vamos a movilizarnos en mayo para presionar al Congreso, hacerle saber que necesitamos y esperamos esta votación.

-¿Cómo evalúas el respaldo de la UITA y sus afiliadas?

-Muy importante y en representación de toda nuestra base, quiero agradecer la presencia de las delegaciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y de la Unión de Trabajadores Asalariados Rurales del Sur del País (UTRASURPA), así como la presencia del secretario regional de la UITA, Gerardo Iglesias, cuyo apoyo y acompañamiento fue permanente durante nuestra movilización.