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Uruguay
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Forestales en jaque
Los
gambitos del poder |
Para escurrir
responsabilidades a la hora de cumplir con las leyes
laborales las empresas forestales que operan en Uruguay
recurren a terceros, que contratan y tratan con los
trabajadores de sus plantaciones. En caso de conflicto, las
compañías forestales intentan lavarse las manos.
El Norte, diario regional de esa zona uruguaya, el 9
de enero de 2004 consigna que la Oficina Departamental del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es "receptáculo de
decenas de demandas por cobro de salarios, aguinaldos,
despidos y otros rubros por parte de centenares de
trabajadores de la forestación que viven en la indigencia
sin alimentos y en muchos casos con familiares enfermos".
En esa fecha, en el poblado de Tranqueras,
departamento de Rivera, más de 700 trabajadores no habían
cobrado sus haberes pese a que los contratistas "cobraron en
tiempo y forma a las respectivas empresas forestadoras".
Dirigentes del gremio de estos trabajadores, por
entonces recién formado, informaban que las empresas
COLONVADE –Los Piques y COFUSA– y URUFOR aceptarían reunirse
con el sindicato y "acompañar la campaña iniciada" tendiente
"a poner las cosas en orden en materia laboral con espíritu
de diálogo y buscando que todas las partes cumplan
adecuadamente con la ley".
Las críticas gremiales apuntaban a los 36
contratistas, en defensa de los trabajadores que en época de
zafra rondan los 6 mil.
Menos de un mes después el trabajador Germán Paolini
Baldassari murió aplastado por un tractor. El gremio
denunció entonces la "trágica galería de mártires del
trabajo en los montes de Rivera". José Bautista, dirigente
sindical, reconoció al diario Norte que "estamos
desamparados; estamos a la buena de Dios. Nadie
legítimamente constituido controla en el monte ni el
cumplimiento de la legislación laboral vigente ni la
aplicación de las medidas universalmente aceptadas de
protección de los derechos humanos, especialmente el derecho
a la vida".
En esa época, los trabajadores mantenían buena
relación con las autoridades políticas de Rivera –cuyo
intendente Tabaré Viera es el actual candidato a
vicepresidente de la República por el ahora gobernante
Partido Colorado– y con Santiago Pérez del Castillo,
ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien dio su
anuencia para la formación de un consejo pluripartito con
representantes de los trabajadores, de las empresas
forestales, de los contratistas, de los ministerios de
Trabajo y de Transportes y Obras Públicas y del Banco de
Previsión Social.
Si bien el intendente Viera recomendó a los
trabajadores mantener la independencia ante los intentos de
"politizar" o "partidizar" el conflicto, el 7 de junio el
sindicato anunció que brindaría su apoyo a la olla popular
organizada por los obreros forestales.
El 9 de julio se acabó el idilio con las empresas y
con el ministro Pérez del Castillo: los trabajadores
reunidos en Tranqueras ingresan en una etapa de "preconflicto"
–por haberes no pagos y el despido de 50 obreros de COFUSA–
y responsabilizan a la multinacional COLONVADE de no
controlar a sus contratistas y permitir que violen los
derechos laborales.
También denuncian que COFUSA extiende un "poder
general para pleitos" como abogado al ministro Pérez del
Castillo.
Un hecho trágico tensa aun más la relación. El 5 de
agosto, mientras trabajaba en una plantación de la empresa
COFUSA en el departamento de Tacuarembó, Carlitos María
Ducasse Monzón, de 44 años de edad, casado y padre de cuatro
hijos, resultó mortalmente golpeado en la cabeza por la
caída de un árbol. “Su muerte nunca debió haber ocurrido”,
dijo Bautista a Rel-UITA.
Así las cosas, en la mañana del lunes 23 de agosto
trabajadores forestales montan un campamento frente al
vivero de COLONVADE, detienen los camiones de los
contratistas y bloquean los portones de acceso a la empresa
a los efectos de que la patronal se avenga a dialogar.
Robert Batista, asesor jurídico de los trabajadores,
dijo a Rel-UITA que los contratistas son "hombres de
paja" de las empresas y responsabilizó a COLONVADE de la
situación. En cuanto a Pérez del Castillo, Batista sostiene
que habría que preguntar al Parlamento si no existe una
conjunción entre los intereses público y privado en cuanto a
ejercer la titularidad del Ministerio de Trabajo y ser
abogado de COFUSA simultáneamente.
El campamento fue levantado el miércoles 25, luego que
el ingeniero agrónomo Juan Pedro Posse, de COLONVADE, se
comprometió a abrir una instancia de diálogo con los
trabajadores. En estos días la Comisión de Trabajo de la
Cámara de Diputados recibiría a una delegación de
trabajadores. Sin embargo, luego de tantas idas y venidas el
gremio se mantiene en estado de alerta.
Carlos Caillabet
© Rel-UITA
27 de agosto de 2004
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