Después de la presión de los indígenas amazónicos de Perú, el gobierno del país retiró de la Justicia, el pasado 11, el pedido de disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

La mayor entidad étnica de la nación había amenazado abandonar la mesa de discusión con el gobierno y retomar sus protestas caso la decisión gubernamental no fuese revista. Los protestos en defensa de la propiedad del agua y la tierra amazónica empezaron en mayo, un mes antes de la represión policial que dejó 34 muertos en Bagua.

Responsable por el anuncio del reculo, el primer ministro peruano, Javier Velásquez, explicó que el objetivo ha sido "remover los obstáculos que impedían avanzar" en el diálogo con los indígenas. El ministro admitió que el pedido de disolución, hecho en octubre, se había convertido en una "traba para la fluidez del diálogo". "Más importante es el diálogo", reconoció.

Antes, el gobierno consideraba los dirigentes de AIDESEP responsables por la violencia en la Amazonia. "La responsabilidad es de una persona y no de una institución, ese es el motivo por el cual hemos retirado esa solicitud", justificó Velásquez.  

El Estado peruano ha desistido de la medida después que los representantes indígenas amazónicos, reunidos en 1.350 comunidades, amenazaron, en la semana pasada, dejar la mesa de diálogo con el gobierno, instalada para solucionar la crisis en la Amazonia. El día 12 ha sido el plazo dado por los indígenas para el reculo del gobierno.

Para el secretario de la AIDESEP, Saúl Puerta Peña, la medida del gobierno "pretendería el debilitamiento de los pueblos indígenas amazónicos, para facilitar el acceso sin problemas de los grandes intereses de las empresas petroleras y mineras, y eso no es amistoso".

Las protestas indígenas han sido empezadas en mayo de este año, contra la aprobación de un paquete de leyes que modificaba la propiedad del agua y la tierra amazónica. En junio, en uno de los mayores embates con las fuerzas armadas una protesta dejó 34 muertos - 24 policías y 10 civiles - y 200 heridos en la ciudad de Bagua.

Preocupados con la persecución internacional del caso, el gobierno peruano aceptó componer una mesa de diálogo para solucionar el conflicto con los indígenas. Sin embargo, los indígenas bloquearon las discusiones después que el gobierno anunció su pedido de disolución de AIDESEP.

Creada en 1980, AIDESEP es hoy la mayor entidad étnica de la nación, con 350 mil personas. La asociación se ha opuesto a los intentos del Gobierno de abrir la Amazonia peruana a la actividad de extracción de petróleo, gas y a las empresas mineras.