Intolerancia ante la expansión 

Fogel indicó que resulta fundamental que el Estado rechace en forma contundente la expansión descontrolada de la soja transgénica, que tiene un efecto semejante a “una gran mancha de aceite que arrasa con todo a su paso”. Para ello es necesario que las autoridades nacionales tomen ciertas decisiones, que aunque puedan llegar a colisionar con los intereses de sectores económicos poderosos, evitarán que se genere una situación social crítica para el país en un futuro próximo.

Además, agregó que deben evitar que estos grupos dominantes sigan desobedeciendo las leyes vigentes sólo por el simple hecho de que son dueños de la mayor parte de la riqueza generada en este país.

Igualmente, expresó que el gobierno debe impedir que el cultivo de la oleaginosa siga destruyendo la cultura campesina que, históricamente, estuvo asociada al policultivo. Asimismo, sostuvo que el Poder Ejecutivo está obligado a rechazar la expropiación indiscriminada de los recursos naturales por parte de los “brasiguayos” o de cualquier otro grupo productor minoritario que se dedique a esta producción.

El sociólogo agregó que de continuar la indiferencia demostrada por la actual administración estatal hacia esta realidad, la gran mayoría de los paraguayos estamos destinados, irremediablemente, a la pobreza extrema, que por ende nos sumirá en un conflicto social mucho más profundo y grave del que afrontamos actualmente, el cual no será tan fácil superar a corto plazo.

El actual panorama social muestra que existe un nivel de pobreza que llega al 33,9% en todo el país, mientras que en el sector rural el mismo mal afecta al 41,2%, aunque la pobreza extrema en el campo alcanza el 25,6%. Estos porcentajes podrían aumentar considerablemente en caso que el Estado no realice los esfuerzos necesarios para reactivar la economía nacional y para terminar con el cultivo desmedido de la soja, aseveró el investigador.

Enfatizó que el peor final para la trágica historia de las muertes de Ypekua, sería que las mismas hayan sido en vano y no hayan servido de lección para cambiar las cosas que están mal en el país, como tampoco sirvieron de mucho las 90 muertes de labriegos acontecidas desde que se inició el proceso democrático en 1989, en su lucha por la tierra.

“Debemos saber leer entre líneas los mensajes que estas muertes nos dejaron a todos los paraguayos, para los que están y para los que no están en el poder”, reflexionó, de lo contrario el investigador presagia un futuro muy negro para la gran mayoría de la población.

Crecimiento desmedido de la soja

El cultivo de la soja aumenta un 8,5% en forma anual, en detrimento de la superficie boscosa existente en el país, que se redujo en los últimos años a apenas el 6%. Fogel indicó que ahora, ante la escasez de bosques por depredar, los productores sojeros no encontraron mejor solución que comenzar a arrasar con las comunidades campesinas.

“Para mi, la expansión de la soja debe ser cortada a cero, así de claro”, reiteró.

En este momento el Paraguay es el cuarto exportador mundial de la oleaginosa. Lo que implica para Fogel, que en poco tiempo más nos constituiremos en el primer país del mundo con el mayor nivel de inequidad en la concentración de la riqueza. Hasta ahora, Brasil ocupa el primer puesto, aunque ha hecho los esfuerzos necesarios para disminuir las desigualdades sociales existentes. Pero aseveró que Paraguay, en vez de tomar medidas que logren reducir la inequidad existente, la aumenta a pasos agigantados y está a punto de superar a Brasil. Un liderazgo nada halagador, que implicará un gran obstáculo para el crecimiento económico del país.

Intolerancia para los delincuentes 

El sociólogo señaló también que el gobierno paraguayo debe establecer una política de intolerancia total contra quienes delinquen, refiriéndose a aquellos propietarios que venden sus tierras improductivas en forma irregular a los sojeros, así como para aquellos que ordenaron y participaron de la muerte de los campesinos en Ypekua, o que contaminaron con agrotóxicos a los pequeños productores, a sus familias y a sus cultivos.

“Tolerancia cero significa que todos los que delinquen tienen que ir a parar con sus huesos a la cárcel. Así como apresan a los campesinos sin miramientos, también deben apresar a los poderosos que delinquen”.

La legislación agraria establece límites muy claros para las adjudicaciones de parcelas por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), oficina dependiente del Estado. Está estipulado que en caso que los propietarios que adquirieron una gran cantidad de hectáreas no la puedan explotar debidamente, deben regresarlas a manos del Estado paraguayo. Sin embargo, los terratenientes en vez de devolver las parcelas las venden o arriendan a los productores “brasiguayos”, por lo que incurren en un grave delito que hasta ahora no ha sido penado por el gobierno. Fogel aseguró que están delinquiendo tanto aquellos que venden las tierras como quienes las compran, por lo que deben pagar por sus culpan en la cárcel.

Además, explicó que resulta fundamental que los productores que contaminaron masivamente a los campesinos y sus cultivos, indemnicen a los mismos por los daños ocasionados, pues el gobierno no está obligado a ello. Agregó que el Estado tiene en sus manos los procedimientos estipulados en la ley para estos casos, como el embargo de sus bienes y el posterior remate de los mismos hasta cubrir las indemnizaciones correspondientes a los afectados. “Pero tampoco lo hace”, reiteró.

El sociólogo expresó que el gobierno nacional está obligado a reparar sus falencias lo antes posible con el objetivo de promover un ordenamiento territorial que permita proteger a las comunidades campesinas e indígenas ante el avance indiscriminado del cultivo de la soja transgénica.

“Tenemos que seguir dando pelea para sensibilizar a la opinión pública. En algunas zonas del país ya se ha logrado revertir la fuerza de las ideas de los sojeros, pues lo que ellos planteaban siempre era aceptado por todos sin cuestionamientos. Ahora esa mentalidad de a poco está cambiando”, enfatizó.

Aunque señaló que aún falta mucho por hacer, pues no siente que exista un avance considerable para tratar de cambiar las cosas entre los campesinos, quienes, dijo, aún deben poner en práctica toda su capacidad de lucha para lograr que el Gobierno escuche sus reclamos.

Soberanía alimentaria

El cultivo de la soja logró extenderse sobre la superficie de pastos naturales, implantados y sobre los yerbales. El 46% de los cultivos de yerba mate fue afectado hasta el año pasado y ahora ese perjuicio se extiende al cultivo de la mandioca. Ambos rubros son fundamentales en la alimentación de los paraguayos, principalmente de aquellos de bajos recursos. La mandioca cuesta hoy en el mercado algo así como 0.50 centavos de dólar, un precio demasiado oneroso para las personas de escasos recursos. Existe una escasez de este rubro en el mercado nacional y la poca producción que logró sobrevivir a las contaminaciones masivas con el glifosato está siendo exportada a Brasil e importada de nuevo a Paraguay en forma de almidón, a un precio tres veces mayor al habitual en el mercado nacional.

“Estos son los problemas económicos que está generando en el país la producción de soja. De hecho, si esta situación continúa agravará aún más los problemas de hambre, pobreza y miseria que afrontamos en el país”.

Pero este drama puede acarrear muchos más conflictos del que nos imaginamos, según Fogel, pues el surgimiento de una crisis en la provisión de alimentos puede arrastrar al Paraguay a convertirse en un país mucho más dependiente de lo que ya es. Para él la seguridad alimenticia está estrechamente ligada a la soberanía alimenticia. “Si no ponemos fin a esta crisis, no podremos seguir alimentando a nuestra población, lo que nos impulsará a convertirnos en un país exclusivamente dependiente del país que nos venda los alimentos. Si el Brasil nos da los alimentos, nos va a someter aún mucho más. O, peor aún, pasaremos a depender exclusivamente de las compañías transnacionales”.

¿Qué debería hacer el gobierno?

Esta situación nos remite a la necesidad de plantear seriamente qué tipo de desarrollo económico conviene a los paraguayos, según Fogel. Afirmó que necesitamos una producción que complemente nuestra estructura productiva, no una que nos compita, nos anule y nos genere más pobreza, como acontece ahora con la producción de soja transgénica. Pero enfatizó que para lograr este objetivo es necesario que el Estado reaccione de una vez generando políticas adecuadas y convenientes para todos los grupos sociales.

Sin embargo, hasta el momento, Fogel no percibe que el gobierno tenga la voluntad necesaria para cambiar las cosas. A título de ejemplo citó la importación legal de agrotóxicos, que en Paraguay, gira en torno a los 50 millones de dólares, que para él resulta simplemente una punta del iceberg, pues el 10% de este total circula en nuestro medio en forma de comisiones, gastos de relaciones públicas, o para otros fines no muy claros de pequeños sectores. “Estas importaciones mueven muchos intereses, que generan muchas dudas entre la gente común, que no termina de comprender que los agroquímicos utilizados por los sojeros son realmente nocivos para los seres humanos”.

Como un dato revelador de los intereses manejados con las importaciones, comentó que el directorio paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú destina anualmente recursos a las universidades paraguayas para fomentar el uso de agrotóxicos en las comunidades rurales pobres a través de la siembra directa. Esta práctica del Gobierno representa para Fogel una conducta absolutamente irresponsable, propulsada con la excusa de que su utilización genera menos gastos y más ganancias para los productores.

“Es más barato dicen... pero lo que no dicen a los campesinos es cuánto cuesta el aparato reproductivo de una mujer, o el sistema nervioso de un ser humano, o los daños irreparables que esas sustancias producen en el organismo de cualquier persona. Esas cuentas no entran en el cálculo. Dicen que con el uso del glifosato se ahorra más, que los beneficios son mayores que los costos. Estas creencias están ampliamente difundidas y muchos técnicos están convencidos de que éstas son verdad”, expresó.

Concertación y diálogo

Fogel señaló como positiva la promoción desde el gobierno de un diálogo entre los sojeros y campesinos, aunque precisó que la actuación del Estado no puede estar supeditada sólo a que los actores involucrados arriben a un pacto. “De igual manera el Estado debe poner en práctica sus elementos coercitivos para defender el interés general, esa es su misión, esa es su función. No puede esperar hasta que ellos lleguen a un acuerdo para actuar”.

Señaló que el gobierno debe obligar a todos por igual a cumplir las legislaciones ambiental y social vigentes, para evitar que se sigan degradando la vida y el ambiente, atacando los factores que las producen.

Los sojeros debieron cumplir con la legislación vigente en el país y preservar el 25% de los bosques. Sin embargo no lo han hecho. Fogel reiteró que el Estado no tiene por qué perdonar a los productores sojeros que causaron daños a las pequeñas producciones campesinas. De lo contrario, alegó, repetirá la historia de lo acontecido durante las grandes crisis bancarias que golpearon terriblemente la economía paraguaya. “Los banqueros robaron todo el dinero de los ahorristas y luego escaparon, entonces el Estado se vio obligado a poner recursos de sus arcas para resarcir los daños provocados. Ahora se está repitiendo la misma historia con los sojeros, pero con la diferencia de que el Estado ya no cuenta con los recursos necesarios para indemnizar a todos los campesinos que sufrieron las consecuencias de las intoxicaciones”, señaló el sociólogo.

Por último advirtió, que resulta impostergable que el gobierno nacional promueva un reordenamiento territorial, prohibiendo a los sojeros a que cultiven en zonas en donde existen asentamientos humanos, como actualmente pretenden hacer. “Las autoridades deben prohibir que solamente se produzca soja transgénica en Paraguay en detrimento de los rubros esenciales para alimentar a la población”.

Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

25 de marzo de 2004