De los once ministros del máximo órgano judicial brasileño, cinco se pronunciaron a favor de la extradición (una ministra modificó su voto) y dos en contra. Uno, que ya había votado en contra, suspendió ayer la audiencia para rever su posición. Otros dos todavía no se expidieron. En caso de empate, define el presidente del STF.

 

La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre la extradición del coronel Manuel Cordero tuvo ayer un trascendente giro, cuando el vicepresidente Cézar Peluso se pronunció por la extradición, la ministra Cármen Lúcia cambió su voto anterior y lo acompañó, al igual que otros dos ministros, y el ministro Eros Grau, quien inicialmente también había votado en contra, pidió vistas para volver a estudiar el expediente y pospuso una definitiva decisión.

 

Cordero había salido favorecido en 4 votos contra 1 de los once ministros que integran el STF cuando el máximo órgano judicial brasileño comenzó a tratar el tema en su sesión del pasado 11 de setiembre, pero luego de la sesión de ayer la correlación de fuerzas cambió a 5 a 2 a favor de la extradición, cuando faltan conocerse 2 votos y, en caso de empate, debe definir el presidente del organismo, ministro Gilmar Mendes. La posibilidad de que Cordero sea finalmente extraditado resulta ahora muy probable, si se tiene en cuenta que el ministro Eros Grau, quien pidió ayer la posposición, había votado en contra, por lo cual sería presumible que su pedido para releer el expediente implique modificar su posición. Grau es un reconocido jurista que ocupó cargos de arbitraje a nivel internacional, por lo que su inicial pronunciamiento había sorprendido. Finalizada la sesión de ayer, quedaron a favor de la extradición los votos de los ministros Ricardo Lewandowski (había votado en la anterior sesión), Cézar Peluso, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa y Carlos Ayres Britto. Y en contra de que Cordero sea enjuiciado en Argentina o Uruguay, los votos de Marco Aurelio de Mello (relator del caso) y Carlos Alberto Menezes, quien ya se había pronunciado el 11 de setiembre.

 

El factor Simón

 

El elemento que comenzó a cambiar la posición de los miembros del Supremo Tribunal Federal brasileño fue el caso de secuestro del niño uruguayo Simón Riquelo, quien permaneció como desaparecido entre 1976 y 2002, en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, por la que la justicia federal argentina fundamentó su requisitoria sobre el militar uruguayo. El caso de Simón Riquelo ya había sido insinuado por el ministro Lewandowski cuando en setiembre votó por la extradición de Cordero. Entonces, alegó que existían casos de niños desaparecidos, que muchos de ellos habían podido ser recuperados y, por tanto, no se podía considerar que todos los desaparecidos habían muerto y se tratara de delitos de homicidio que hubieran prescripto. Al reiniciarse ayer el análisis del caso, el vicepresidente Cézar Peluso se pronunció por la extradición de Cordero al entender que no se podía aplicar la presunción de muerte sobre los desaparecidos, ya que no hay pruebas materiales ni individualización de la acción que pudo cometer Cordero en esos casos. Peluso dijo que para admitir la muerte por presunción se necesita una sentencia judicial que establezca fecha al fallecimiento. En su voto, el vicepresidente del STF también indicó que aunque no defendía la imprescriptibilidad de estos crímenes no podía negar la extradición y subrayó que el indulto que Cordero había recibido del presidente argentino Carlos Menem (argumento de la defensa) había sido revocado por inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

 

Cambios de voto

 

La exposición del ministro Peluso provocó un inmediato cambio en la percepción de los demás integrantes del Supremo Tribunal Federal y llevó a la ministro Cármen Lúcia a cambiar el voto que había realizado el 11 de setiembre, para decidirse a acompañar la posición del vicepresidente. Lúcia expresó que seguía sin tomar posición en torno a la ley de Amnistía brasileña de 1979, que sigue jugando como trasfondo del caso. También se pronunciaron a favor de la extradición los ministros Joaquim Barbosa y Carlos Ayres Britto, con el argumento de que la sustracción de menores constituía un crimen continuado de secuestro que sólo había cesado cuando Simón Riquelo recuperó su identidad en 2002. Quedó por conocerse la posición que adoptarán los ministros Celso de Mello y Ellen Gracie, quienes votarán en la próxima audiencia. El estudio del caso en el Supremo Tribunal Federal continuaría antes de fin de año, según el tiempo que necesite el ministro Eros Grau, quien anunció que analizará el pedido de extradición de Cordero a la luz de un documento redactado por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) llamado "Alegato del Incumplimiento del Proceso Fundamental" relacionado con la legalidad de la Amnistía brasileña de 1979.

 

La polémica Ley de Amnistía que impuso la dictadura brasileña, equiparando a víctimas y victimarios de violaciones a los derechos humanos, es el explícito trasfondo del caso Cordero según reconoció el ministro Marco Aurelio de Mello al votar en contra de la extradición. El tema es seriamente discutido hoy en Brasil ante advertencias de organismos internacionales que podrían llegar a sancionar al Estado brasileño. Entre las personalidades que ya se sumaron a la campaña, se destacan Joao Vicente Goulart, hijo del ex presidente de Brasil, el escritor Julio Campos Avila de Chile, el maestro Miguel Soler desde Barcelona, la investigadora J. Patrice McSherry de Estados Unidos y el cantautor uruguayo Daniel Viglietti, entre cientos más. Los miembros de STF recibieron el mensaje desde Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría, Israel, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Perú, Polonia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

 

Roger Rodríguez

Tomado de La República

Uruguay, 31 de octubre de 2008