Fue una de las marchas callejeras más importantes de los últimos años en Uruguay: decenas de miles de personas manifestaron en Montevideo pidiendo la anulación de la ley de amnistía a los violadores de los derechos humanos bajo la dictadura. El tema se decide el domingo 25 en un plebiscito.

“Se va a acabar, se va a acabar, la impunidad en Uruguay”, coreaban los cerca de cien mil manifestantes, mientras las calles aparecían pobladas de globos y carteles rosados, el color de la papeleta que el domingo deberán poner en las urnas quienes se pronuncien por el “Sí” a la anulación de la llamada ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Se necesita el 50 por ciento más uno de los votos para suprimir la norma del ordenamiento judicial uruguayo. Los sondeos difundidos esta semana le otorgan al “Sí” algo menos de ese piso (entre 45 y 47 por ciento), pero la Coordinadora Nacional que impulsó la campaña por la anulación confía en que el grueso del 12 o 13 por ciento de “indecisos” que aún subsiste, decida finalmente acabar con esta “ley de rocambolesco nombre”, al decir del escritor Eduardo Galeano, encargado de la oratoria de la manifestación del martes.

A los partidarios de la anulación les calzó como un guante una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que este lunes, y por unanimidad, declaró por primera vez inconstitucional la “ley de Caducidad”. El pronunciamiento del tribunal sólo concierne un caso, el del asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, torturada hasta la muerte en 1974, pero se presume que cualquier otro que se le presente a consideración fallará en el mismo sentido.

“Se cayó definitivamente el último argumento que esgrimían todos aquellos que todavía defendían la legitimidad de la ley. La Suprema Corte se puso por fin a tono con todos aquellos organismos internacionales que instaron a Uruguay a eliminar una norma aberrante, indigna y antidemocrática como ésta”, dijo el sindicalista Luis Puig, uno de los integrantes de la Coordinadora.

La Corte estimó en su fallo que la ley viola un principio constitucional como el de la separación de poderes, al dar al Poder Ejecutivo, y no al Judicial, la potestad de decidir si un caso está o no comprendido en la ley. Esa disposición hizo que hasta 2004 los gobiernos conservadores que se sucedieron hasta entonces enterraran cualquier veleidad de investigación o sanción que pudiera tener algún juez o fiscal. Las cosas cambiaron cuando llegó a la presidencia el socialista Tabaré Vázquez, que resolvió en sentido contrario a sus predecesores, pero podrían retrotraerse al estadio anterior si en las elecciones presidenciales del domingo 25 triunfara uno de los candidatos de la derecha.

Gracias a la actitud de Vázquez un puñado de represores civiles y militares fueron juzgados y marcharon a la cárcel por algunos casos de desapariciones y asesinatos, pero sin la anulación de la ley, muchos otros seguirán impunes.

Hubo otro punto fuerte en la marcha del martes: el papel que jugaron los hijos de desaparecidos. Decididos a producir un hecho de impacto, convocaron a una conferencia de prensa poco antes de la marcha. Allí estaban algunos de los más activos de los integrantes de la asociación Hijos, como Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, Amaral García, hijo de Floreal, asesinado en Buenos Aires, o los hermanos Victoria y Anatole Julien, hijos de uruguayos, secuestrados en Argentina y trasladados clandestinamente a Chile, donde hoy viven. Y estaba también, por primera vez en una iniciativa de esta naturaleza, Mariana Zaffaroni,  uno de los íconos –durante mucho tiempo a su pesar- de los defensores de los derechos humanos en Uruguay, con su foto de beba de apenas unos meses ilustrando pancartas y afiches.

Hija de una pareja de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires en 1976, Mariana fue apropiada por un represor que intervino en la operación de secuestro de sus padres y con él y su mujer creció bajo una identidad falsa, hasta que en 1992 un juez la obligó a asumir su verdadero nombre. Pero la “normalización” tardó.

Tras un largo proceso de “recomposición”, como ella misma dice, hoy Mariana, que tiene 37 años, tres hijos y ejerce como profesora de derecho, está decidida a “asumir un reencuentro consigo misma”. En la manifestación del martes marchó junto a su abuela materna y el retrato de su madre desaparecida, a la cual recién ahora comienza a “aproximarse”.

“Es importante para toda sociedad sentar un precedente. Esta vez nos pasó a nosotros, pero en una sociedad sin justicia le puede pasar a cualquiera”, dijo Mariana en la conferencia de prensa.

“Ésto también es el Cóndor, nosotros mismos somos la prueba del plan sistemático que fue el Cóndor, desperdigados por tres países, muchos años con identidades cambiadas. Es una aberración que la ley de Caducidad amparó y que hay que liquidar”, dijo por su lado Victoria Julien.

Y en eco a Mariana Zaffaroni, Macarena Gelman remató: “Si no entendemos que lo que nos pasó nos pasó a todos, por lo menos habría que ponerse en el lugar de a quienes nos pasó y el domingo terminar de una vez por todas con la impunidad”.