El pasado viernes 14 el presidente Álvaro Colom decidió vetar la ley aprobada en febrero pasado por el Congreso y que reinstalaba el derecho de gracia de la Presidencia de la República. Esta ley significaba, de hecho, una reactivación de la pena de muerte suspendida desde 2000 en ese país.

“Mal haría yo en refrendar inconstitucionalidades”, expresó Colom en la conferencia de prensa celebrada el viernes 14 en el Palacio de la Cultura, y en la cual anunció su decisión.

El decreto presidencial argumenta que la ley aprobada por el Congreso viola el artículo 9 de la Constitución porque “con la pena de muerte se mantiene la tendencia de eliminar al ser humano del núcleo social, mientras que la Carta Magna dispone que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social”.

La resolución, apoyada por todo el gabinete ministerial, afirma que también son inconstitucionales el plazo de 30 días acordado al Presidente para otorgar el indulto -juzgado demasiado corto- y la aplicación automática de la pena de muerte en caso de no pronunciamiento del primer mandatario.

“En ningún país la pena de muerte ha sido un mecanismo disuasivo para la violencia. Guatemala no se puede aislar del resto del mundo, no puede ser la excepción”, afirmó Colom, y agregó: “Aquí se fusiló gente, y en lugar de disminuir la violencia aumentó. La única forma de acabar con la violencia es fortalecer los organismos de seguridad, el Poder Judicial y que haya paz y tranquilidad social”.

El Presidente admitió haber consultado a un nutrido panel de especialistas locales e internacionales antes de tomar su decisión que, sabe, “posiblemente tenga costos políticos”. Las encuestas revelan que una amplia mayoría de la población aprueba la pena de muerte. “Pero lo hace por desesperación”, señaló el Presidente. “No protejo a ningún criminal -aclaró-, porque los condenados son criminales sin ninguna duda, pero debo pensar en el futuro del país, en sus relaciones internacionales, y debo velar por el respeto de los Convenios firmados por Guatemala en esta materia”, explicó.

Entre ellos está la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la introducción de la pena de muerte en la legislación de aquellos países donde no estuviese vigente al momento de la aprobación del acuerdo. Por otra parte, apenas el pasado 18 de diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Guatemala votó a favor de una “moratoria mundial de las ejecuciones”.

“Como gobernante de este país debo ver hacia adelante, y cualquier ejecución comprometería nuestras relaciones a nivel internacional", advirtió Colom, y opinó que hay otras penas para condenar a los criminales que actualmente aguardan una ejecución. Destacó que desde que él está en el gobierno, el índice de homicidios diarios bajó de 17 a 11,2.

Ahora, el Congreso puede levantar el veto presidencial y poner en vigencia nuevamente la ley, pero para eso necesita una mayoría especial de 158 votos, cuando la iniciativa, en febrero, sólo recibió 140 votos favorables.

En el concierto internacional, la valiente decisión del presidente Álvaro Colom lo ubica en la categoría de estadista. Más allá de los costos políticos, de las acusaciones de la oposición y el disgusto de una población acosada por la violencia criminal, el Presidente de Guatemala nos señala a todos que la paz no es sólo la meta, también es el camino.