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Sigue la polémica por el
fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la distribución gratuita de
la píldora del día después en el sistema de salud.
Sólo las mujeres de escasos recursos no podrán
acceder gratuitamente a este método anticonceptivo de emergencia pues el fallo
establece que no se prohibirá la venta en farmacias por lo que quienes puedan
comprar la píldora seguirán adquiriéndola. De esta forma, el fallo del TC
instituye una “inequidad en el acceso” que ha sido criticada por organizaciones
de mujeres, minorías sexuales y sectores liberales y progresistas del gobierno y
la izquierda.
En marzo de 2007, legisladores de la derecha
presentaron un recurso de inaplicabilidad en contra del Decreto Supremo que
autorizó la aplicación de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad,
dictadas en septiembre de 2006 por el gobierno de Bachelet. Una de las
disposiciones de esta normativa ordenaba a los consultorios públicos de salud
“prescribir y entregar de forma gratuita anticonceptivos tradicionales y de
emergencia a todas las mujeres que los solicitaran”. La norma incluía a las
adolescentes que, a partir de los 14 años, solicitaran la píldora sin necesidad
de tener la autorización de sus progenitores. Hasta esa fecha, la píldora de
emergencia era vendida en farmacias y se entregaba en los servicios públicos de
salud sólo en caso de “violación”.
El Tribunal Constitucional acogió el
requerimiento presentado por los parlamentarios derechistas a pesar que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la píldora de
emergencia “no es abortiva”, y que “no afecta un embarazo ya iniciado”.
Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación
Nacional (RN) -ambos de derecha- y la Democracia Cristiana (DC)
-en el gobierno- y la Iglesia Católica argumentan que tanto los dispositivos
intrauterinos como la píldora del día después son “abortivos”.
Según la prensa y fuentes judiciales el Tribunal
Constitucional (TC) había acogido -en votación dividida- cuatro de las
solicitudes contenidas en el recurso, que implicaban prohibir no sólo la
distribución gratuita de la píldora, del dispositivo intrauterino T de cobre
-que utiliza más de un millón de chilenas-, sino también la provisión del
denominado “método de Yuspe” -la combinación de píldoras anticonceptivas
tradicionales con el mismo efecto que la de emergencia-, y la confidencialidad
en la atención a las adolescentes. Según las organizaciones de mujeres, el fallo
original fue modificado debido a la presión ejercida por las protestas de la
sociedad civil y multitudinarias manifestaciones frente al TC, el Palacio
de La Moneda, y las calles de las principales ciudades del país.
“El sentido discriminatorio de esta prohibición y
el carácter autoritario del Tribunal Constitucional, son algunas de las graves
herencias de la dictadura de Augusto Pinochet”, dice Victoria Aldunate
Morales, sicóloga de la Casa de Primera Acogida a Mujeres de la Iglesia
Evangélica Luterana (IELCH).
Diversos sectores han exigido una reforma
constitucional que elimine la potestad del Tribunal Constitucional para
“decidir” por las personas sobre sus vidas, cuerpos, sexualidad y reproducción.
Pero, hasta ahora, no se ve que la clase política se proponga modificar la
Constitución en esta u otras materias.
En marzo del 2007, la presidenta Michelle
Bachelet anunció la entrega gratuita en los servicios de salud pública de la
píldora del día después a las mujeres que la solicitaran, incluyendo
adolescentes desde los 14 años en adelante. Sectores de la derecha y la Iglesia
Católica iniciaron procesos judiciales para impedirlo: demandas, recursos de
protección y argucias judiciales que llevaron a los tribunales de justicia y,
finalmente al TC, el debate sobre los métodos anticonceptivos y el
derecho a humano a decidir sobre la reproducción.
Tras el fallo del TC, el gobierno anunció
que lo acataría aunque la presidenta Michelle Bachelet, el
ministro portavoz, Francisco Vidal, y la ministra de Salud,
María Soledad Barría, declararon abiertamente su disconformidad. Según datos
del Ministerio de Salud, las usuarias de anticonceptivos pasaron de 600.374, en
1990, a 1.087.743, en 2004. Actualmente, las cifras son mucho mayores.
“Este fallo del Tribunal Constitucional
significará que los abortos clandestinos serán muchos más que los nacimientos,
creciendo en un 80 por ciento, y las muertas por abortos miserables -por
pobreza- se elevarán. Sólo las mujeres de los quintiles más ricos podrán acceder
a anticonceptivos más caros e importados, y por su puesto podrán seguir
abortando en clínicas sin riesgos aunque el aborto en Chile sigue siendo
ilegal”, agrega Victoria Aldunate.
Según la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile, un tercio de las mujeres chilenas en edad fértil -entre 15 y 49 años-,
es decir, 3.358.196 personas, usa métodos de planificación familiar: hormonales
o dispositivos intrauterinos. De ellas, el 54,8% accede a píldoras
anticonceptivas, mientras el 42,8% utiliza el DIU y el 2,4% otros métodos
-inyectables-. La investigación, realizada por los doctores Giorgio Solimano,
director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y Ramiro
Molina, del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del
Adolescente, CEMERA, de la Universidad de Chile, señala: “La prohibición
hará aumentar la natalidad, con un aumento promedio potencial de 150.000 nacidos
vivos anuales; sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275.000. Los
métodos anticonceptivos incluidos en la norma ministerial no actúan sobre el
óvulo fecundado ni en el proceso de implantación, por tanto, no existen hasta
hoy evidencias científicas que demuestren que el mecanismo de acción de los
métodos anticonceptivos hormonales, los dispositivos intrauterinos y las
píldoras anticonceptivas de emergencia con Levonorgestrel actúen eliminando el
óvulo fecundado en la trompa”, dicen en el informe.
“Jamás hemos visto a ninguno de los gobiernos de
la Concertación jugándosela por la reposición del aborto terapéutico. Es más, lo
borraron de las demandas a la democracia desde el mismo año 1990. Y sobre el
aborto libre y gratuito, claramente vendieron su silencio. ¿Dónde ha estado el
ministerio de Salud de una presidenta agnóstica y socialista por la que votaron
muchas mujeres, para expresar que el aborto es un derecho reproductivo y sexual
de las mujeres? No defendemos una píldora ni al gobierno de turno, sino la
libertad y la justicia social para las mujeres. Proponemos descolonizarnos de
ideas derechistas de virginidad versus libertinaje, de juicios aprendidos en las
escuelas del sistema patriarcal y capitalista, que nos obligan a parir o morir.
Quienes se oponen al derecho a decidir de las mujeres se llaman a sí mismos,
defensores de la vida. A los derechistas no les vimos nunca defendiendo la vida
de los desaparecidos, ejecutados, torturados, ni de los bebés nacidos en las
mazmorras de la dictadura”, señalan en un comunicado las organizaciones Memoria
Feminista, Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, Brigada de Acción
Feminista, y Feministas Autónomas.
Según el doctor Ramiro Molina, “el tema
central no es que el Tribunal Constitucional prohíba la píldora de emergencia,
sino que al proscribir esta molécula desaparecerán del mercado la gran mayoría
de los anticonceptivos que distribuyen los servicios de Salud y casi la mitad de
los que se venden en farmacias”.
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