|
Delta&Pine:
omnipotencia fatal
El 9 de febrero de 1999, la Delta&Pine
Paraguay Inc. publicó un
remitido
institucional
en la prensa paraguaya.
Este documento probablemente figurará
en un lugar privilegiado entre las piezas que
integrarán los expedientes de los futuros juicios
nacionales e internacionales que deberá enfrentar esta
empresa. Desde medias verdades hasta mentiras
flagrantes, pasando por una dosis perversa de cinismo
y una subestimación neocolonialista del pueblo
paraguayo, este remitido lo contiene todo. Pero el
exceso de confianza suele ser mal consejero, y puede
conducir a los pillos a cometer imprudencias fatales.
En ese remitido la Delta&Pine dice solamente dos
verdades: que es responsable de la contaminación en
Rincon'í, y que las semillas fueron tratadas con
plaguicidas.
El mismo día en que se publicó el texto
de la Delta&Pine, el fiscal de la causa que había
sustanciado el juez Ocampos Carballo manifestó
oficialmente su discrepancia con el magistrado
solicitando la ampliación del sumario y el
procesamiento de Eric J. Lorenz, propietario de la
Delta&Pine Paraguay Inc.; del ingeniero agrónomo Nery
Guzmán Rivas, funcionario de esa empresa; y de Julio
César Chávez, propietario del predio contaminado en
Rincon'í, por "procesamiento ilícito de desechos"
en violación del artículo 200 del Código Penal
paraguayo. Asimismo, Ríos reiteró "los pedidos de
informes sobre los análisis realizados a las semillas
de algodón", que hasta ese momento no habían
llegado al juzgado de Paraguarí.
También en febrero de 1999 hubo
afortunadamente una dependencia estatal paraguaya que
reaccionó con sentido común y en concordancia con sus
obligaciones, sólo es de lamentar la escasa eficacia
de su advertencia. Fue la Dirección de Protección
Ambiental del Servicio Nacional de Saneamiento
Ambiental (SENASA), dependiente del Ministerio de
Salud Pública (MSP). El 12 de febrero de 1999, el
diario Noticias informó que el Ministerio de Salud,
por intermedio de la Dirección de Protección
Ambiental, recomendaba a los pobladores de Rincon'í y
Santa Angela que no bebieran agua de sus pozos, pues
podían estar contaminadas; a los maestros de la zona a
"extremar cuidados cuando comiencen las clases y
evitar que los alumnos caminen descalzos sobre los
residuos tóxicos, los toquen y consuman agua de los
pozos y arroyos del sector". Según Noticias de ese
día, "la directora de
Protección Ambiental, ingeniera Gilda Torres, afirmó
que se está elaborando un plan de emergencia para
asistir a las comunidades afectadas".
El 16 de febrero de 1999 la ingeniera
Torres hizo más declaraciones públicas, y afirmó que a
mediados de enero había remitido instrucciones a la
Delta&Pine de que trasladara las semillas, y que había
emitido comunicaciones en ese mismo sentido al MAG y a
la Fiscalía de Medio Ambiente. Anunció que el plan de
emergencia para los pobladores consistiría en
"realizar un trabajo con el objetivo de prevenir
cualquier eventualidad, considerando que existen
referencias sobre la peligrosidad de las sustancias
utilizadas en el tratamiento de las semillas, tal como
lo advierte la empresa Delta&Pine en las bolsas de
semillas". Y agregó: "Me
sorprende que ahora esa empresa diga que los productos
no son tóxicos, cuando ella misma lo advierte
claramente, sin ningún lugar a dudas."
De lo que no hay lugar a dudas es de
que la ingeniera Gilda Torres percibió la gravedad de
la situación e intentó movilizar la parte de la
estructura estatal que estaba a su alcance.
El mismo día en que el diario Noticias
publicaba las declaraciones de la directora de
Protección Ambiental señalando que se elaboraba un
plan de emergencia para atender a los posibles
contaminados, y recomendaba que no se bebiera agua de
pozos y arroyos de Rincon'í y Santa Angela, el juez
Ocampos Carballo dictaba otro
fallo
inefable, por el que desechaba la
ampliación del sumario solicitada por el fiscal Ríos
y, de paso, desestimaba los incómodos procesamientos
de Eric Lorenz, Nery Rivas y Julio Chávez.
Lejos de resultar tedioso, el análisis
detallado del dictamen depara momentos de hilaridad;
amarga hilaridad, claro, siendo el fondo del asunto
una dramática situación para centenares de seres
humanos.
Esta decisión judicial pudo ser el
punto final de esta historia. Lo hubiese sido, sin
ningún lugar a dudas, si no hubiesen mediado dos
hechos diferentes. El primero fue el interés que
expresó la REL-UITA en el caso, por intermedio de la
acción de su Regional Latinoamericana representada por
su secretario adjunto, Gerardo Iglesias, y el director
de su Departamento de Agricultura y Salud, ingeniero
agrónomo Sebastião Pinheiro.
En el marco de una campaña de educación
e información sobre los riesgos de las semillas
transgénicas, ambos asistieron el 15 de marzo de 1999
a la Cámara de Senadores, en el Congreso paraguayo,
para lanzar oficialmente el trabajo "Transgénicos,
transnacionales y un gen llamado Terminator", del
propio Pinheiro en coautoría con el secretario de la
REL-UITA, Enildo Iglesias. En esa oportunidad tomaron
contacto con la situación que se estaba viviendo en
Rincon'í y Santa Angela y desde entonces, REL-UITA,
con el apoyo local inclaudicable de Pedro Salcedo
-secretario de Prensa y Propaganda de la Federación de
Trabajadores de la Alimentación, Tabaco, Bebidas y
Afines paraguaya (FETRATBA), y miembro suplente del
Comité Latinoamericano de la UITA viene realizando
enormes esfuerzos dentro y fuera de Paraguay para
denunciar el episodio de contaminación y apoyar la
movilización de las víctimas. Después del lapidario
fallo del juez Ocampos, y cuando todas las puertas
parecían definitivamente cerradas, el compromiso de la
UITA permitió reavivar el tema y abrir nuevas brechas
para su difusión.
El segundo hecho, éste de magnitud
histórica, fue el proceso revolucionario que vivió el
Paraguay durante la vertiginosa última semana de marzo
de 1999. El relato de este episodio clave en la vida
política paraguaya reciente excede, obviamente, los
propósitos de este libro.
|
