En
diciembre 2008 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) resuelve prohibir la aplicación aérea de
agrotóxicos en todo tipo de cultivo, a una distancia
inferior a 50 metros y las aplicaciones terrestres a una
distancia inferior a 30 metros del límite del predio de
escuelas rurales. Dicha resolución exhorta a que las
aplicaciones tanto aéreas como terrestres, se efectúen en
días inhábiles o fuera del horario escolar.
Hasta esa
fecha se podía fumigar sobre las escuelas sin contar con
ninguna medida que lo prohibiese. Esta resolución viene a
ser un reconocimiento de lo sucedido por largos años en las
escuelas rurales. A pesar de no contarse con información
oficial sobre lo ocurrido, la situación era ampliamente
conocida a través de denuncias verbales y anecdóticas de los
maestros, padres de los niños y/o personal de la salud.
Es
importante señalar que en mayo del 2004 el MGAP había
establecido una zona de exclusión de 500 y 300 metros
respectivamente para la aplicación aérea y terrestre de
agrotóxicos en zonas urbanas, suburbanas y centros poblados.
En ese contexto, no se explica por qué se es más permisivo
cuando se trata de una escuela rural, permitiendo que las
fumigaciones se acerquen 10 veces más a los niños (50 y 30
metros).
Intentos de cambiar la
regulación
Desde el
momento de haberse conocido esta regulación se ha intentado
cambiarla, por entender que todos los niños y niñas del país
deben ser protegidos de la misma manera que se protege a los
habitantes de centros poblados.
A lo
anterior se agrega que tampoco existen regulaciones en
cuanto a fumigaciones en la cercanía de viviendas rurales
que se encuentran fuera de las zonas urbanas o suburbanas. O
sea, que si “supuestamente” los niños están protegidos a 50
y a 30 metros en sus escuelas por esta regulación, no lo
están en sus casas en el ámbito rural.
Que se ha hecho
para cambiar esta regulación
A pocos
días de haberse publicado esta resolución (diciembre 2008) y
con el objetivo de considerarla, distintas autoridades de
gobierno se reúnen en el marco de la Comisión Nacional de
Prevención de los Efectos Adversos de los Contaminantes
Químicos Ambientales (CCQ). Si bien se reconoce que
antes de esta resolución no existía restricción alguna para
las aplicaciones de agrotóxicos en las cercanías de las
escuelas rurales, el CCQ expresó su preocupación por
las distancias determinadas por el MGAP y las
consideró totalmente insuficientes. Incluso se llegó a
manejar la posibilidad de que se tratase de un “error de
tipeo”, en el que se hubiera omitido un cero.
Lamentablemente no se trataba de un error y las distancias
establecidas por el MGAP son efectivamente de apenas
50 y 30 metros.
Durante el
2009, distintas dependencias del estado trabajaron
arduamente para que esta regulación fuese cambiada.
Increíblemente, a pesar de estar involucrados organismos del
estado en este pedido, la regulación no fue cambiada.
En marzo
del 2010 un nuevo gobierno asume, con los consiguientes
cambios en el parlamento y de autoridades. Se comienza
nuevamente el peregrinaje con el objetivo de cambiar esta
regulación, que obviamente lo que menos apunta es a proteger
a los niños y niñas, reconocidos por distintas autoridades
como las poblaciones más vulnerables, y por lo tanto a ser
protegidas prioritariamente.
Avanzado el
año, nuestra organización es recibida por distintas
comisiones del parlamento y en las diferentes audiencias el
pedido es tomado como muy razonable e importante a ser
revisado a la brevedad. Algunos parlamentarios comentan
durante la audiencia que conocen anécdotas de escuelas
fumigadas, incluso durante el recreo.
RAPAL
Uruguay es también recibida por autoridades del MGAP
y en esa instancia se comenta que el propio Ministro no está
de acuerdo con esta regulación y que se la estaría
estudiando con miras a ser cambiada.
Realidad de las escuelas
rurales
Recorriendo
el interior del país no es difícil ver que los cultivos de
soja transgénica llegan hasta los alambrados que separan la
escuela del predio cultivado. Esto quiere decir que ni
siquiera se cumple con la regulación de 30 metros de las
fumigaciones terrestres y menos aun la de 50 metros aérea,
ya que los cultivos terminan donde empieza el patio de la
escuela.
Las
maestras/os deben cerrar las puertas de sus salones cuando
ven aparecer el “mosquito” (maquinaria aplicadora de
agrotóxicos). Otra medida común es dejar a los niños durante
el recreo dentro de los salones de clase para que estos no
entren en contacto directo con los agrotóxicos. Tales
situaciones se agudizan cada vez más en proporción directa
al aumento de las áreas de cultivos en nuestro país.
Impactos de los agrotóxicos
Es
ampliamente conocido que la exposición a agrotóxicos provoca
intoxicaciones agudas en niños (dolor de cabeza, mareos,
náuseas, vómitos, diarrea, enrojecimiento y erupción en la
piel, dificultad para respirar y tos) y que éste es un grave
problema en áreas rurales. La combinación de múltiples
agrotóxicos, situación común en las fumigaciones, puede
afectar la salud de los niños aun a bajas dosis.
Algunos
agrotóxicos en algunas circunstancias pueden causar o
agravar efectos crónicos y a largo plazo, como son las
enfermedades a la piel, respiratorias, neurológicas,
inmunológicas, cáncer, alteraciones reproductivas y
enfermedades congénitas.
Si la
realidad del interior del país es conocida por los tomadores
de decisión y los impactos de los agrotóxicos también, ¿cuál
es la razón para que aun no se tomen medidas adecuadas para
proteger a la población más vulnerable y cambiar la
regulación?
Otro año
está comenzando y es tiempo de hacer un balance y tomar
decisiones con respecto al futuro. La pregunta entonces es:
¿se protegerá a los niños de las escuelas rurales contra las
aplicaciones de agrotóxicos o se seguirá protegiendo a las
empresas que se benefician aplicándolos?
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