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Los
fabricantes de agrotóxicos no solucionaron el hambre del
mundo, por el contrario lo contaminaron. Ahora las mismas
empresas, disfrazadas de verdes nos ofrecen ingeniería
genética ¿podemos creerles?
Una organización que viene denunciando los efectos de los
agroquímicos en la salud humana pidió que la Justicia
federal suspenda la venta y el uso de esas sustancias en
todo el país. La demanda puntualiza acusaciones de una
decena de provincias.
El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa
desde hace tres años una campaña para detener las
fumigaciones con agrotóxicos, realizó una presentación
judicial para suspender la venta y uso de agroquímicos en
todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la
denuncia toma como uno de sus fundamentos la “emergencia
sanitaria” del barrio cordobés Ituzaingó Anexo -saturado de
casos de cáncer, enfermedades respiratorias y
malformaciones-, solicita penas de hasta 25 años de cárcel y
apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en
empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de
Agronomía de la UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA,
Secretaría de Agricultura y Senasa).
La entidad Madres
de Ituzaingó, que se organizó a medida que las enfermedades
se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión
con la comisión investigadora del Ministerio de Salud,
creada por orden de la Presidenta. “Queremos creer lo que
nos dicen, pero tenemos miedo de que todo quede en la nada”,
advirtieron.
La denuncia encuadra legalmente el uso de agrotóxicos en la
“modalidad agravada” del artículo 200 del Código Penal:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años
el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la
salud, aguas potables o sustancias alimenticias. Si el hecho
fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será
de diez a veinticinco años de prisión”. El Grupo de
Reflexión Rural (GRR) cita la muerte de tres niños en Entre
Ríos (caso conocido como “los primitos Portillo”) y
puntualiza acusaciones de una decena de provincias.
“Se ha afectado de un modo inexorable la salud pública. Y
ante la gravísima situación de contaminaciones masivas, se
solicita se dicte la medida cautelar tendiente a suspender
y/o limitar la venta y uso de agrotóxicos que afectan la
vida de las personas”, destaca la presentación. Jorge
Rulli, fundador del GRR, puso nombre y apellido al
químico que apuntan: “El Roundup de Monsanto es una
de las referencias obligadas de este modelo. De mínima, hay
que cambiar de manera urgente la graduación toxicológica,
aún hoy se lo considera inocuo, lo cual es un crimen”,
afirmó. El Roundup es el nombre comercial del glifosato, un
agroquímico pilar de la industria sojera. Sólo en la campaña
2007/2008, los campos argentinos fueron rociados con 168
millones de litros del agrotóxico.
La demanda también apunta contra los distintos eslabones del
modelo agropecuario. “Es imprescindible que se investigue la
eventual responsabilidad criminal de quienes producen los
agroquímicos, y los funcionarios que han autorizado y
liberado el uso de esas sustancias. Resulta imprescindible
indagar en los ámbitos que han promovido el modelo y si
estos actores han actuado con culpa o dolo”, reclaman a
través de las seis carillas de la presentación, realizada el
jueves 15 de enero y ampliada el lunes último, radicada en
el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N8, a cargo
de Jorge Alejandro Urso, y en la fiscalía N12,
dirigida por Oscar Ricardo Amirante.
Los denunciantes solicitan que se determine la
responsabilidad de lo que denominan “impulsores y/o
sostenedores” de los agronegocios: Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Secretaría de
Agricultura. “Sería importante determinar en base a qué
prueba científica se han basado las autoridades de
aplicación para la aprobación de los agrotóxicos”, reclama y
acusa: “Los graves hechos por los que se denuncia a los
agroquímicos no hubieran sido posibles sin la participación
de funcionarios estatales”.
También culpa a la Facultad de Agronomía de la UBA y el
Conicet como los “ámbitos académicos, científicos y
tecnológicos desde donde se ha impulsado este modelo
criminal de producción agraria”. En cuanto a las empresas
responsables, indica que “existen indicios graves, precisos
y concordantes que indican que las corporaciones se han
servido de publicidad mentirosa o engañosa para
comercializar sus productos”.
Luego de una investigación de este diario, el miércoles 14 la
Presidenta ordenó al Ministerio de Salud la creación de una
comisión investigadora que se ocupe de las denuncias por
contaminación y efectos sanitarios que existen en todas las
zonas sojeras, con punto de inicio en el barrio Ituzaingó de
Córdoba. El lunes último, el decreto 21/2009 le dio sustento
administrativo.
El mismo lunes 15, la comisión llegó por sorpresa al barrio
Ituzaingó y se reunió con las Madres. “Le remarcamos dos
puntos: nuestro barrio es sólo uno de la gran cantidad que
hay, que tienen que ocuparse de todos. Y, el segundo punto,
que necesitamos urgente ayuda médica y, en casos concretos,
también ayuda social para familias que han quedado postradas
por el glifosato”, explicó Sofía Gatica, de la
organización.
El caso testigo fue el de la familia Olariaga, que sufría
permanentes fumigaciones. Yolanda, de 64 años, tiene dos
tumores en la cabeza y sufre discapacidad motriz. Débora
tiene 26 años, tres tumores en la cabeza y aún no pudieron
operarla. Ezequiel Olariaga tiene 25 años y 22
tumores distribuidos en la cabeza y el estómago. Sufre
sordera, producto de la enfermedad, y espera turno para ser
tratado. “La salud de ellos tiene directa relación con las
fumigaciones. Y eso destruyó sus posibilidades laborales.
Desde Nación se comprometieron a ayudarlos”, explicó
Gatica.
La reunión entre la comisión del Ministerio de Salud y las
Madres de Ituzaingó se extendió por dos horas. También
intervino la Secretaría de Salud local y se acordó realizar
estudios ambientales y un relevamiento sanitario. Formó
parte de la comitiva nacional el subsecretario de Prevención
Sanitaria, Humberto Jure, un conocido del barrio. “El
fue funcionario de salud provincial, sabía de nuestros
reclamos y nunca nos escuchó. Queremos creer que no pasará
lo mismo con esta comisión”, advirtieron las Madres de
Ituzaingó.
Darío
Aranda
Página 12
27 de
enero de 2009
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