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La
problemática alimentaria nacional se ha constituido en un
tema que en los últimos meses llama la atención de la
sociedad guatemalteca, especialmente a raíz del incremento
acelerado del costo de la Canasta Básica Alimentaria. Se ha
pretendido justificar esta situación únicamente a partir del
incremento en los precios internacionales del petróleo, sin
mencionar que esta situación es el producto de más de una
década de gobiernos neoliberales que han implementado
políticas de apertura económica que han lacerado las
posibilidades productivas de la población guatemalteca. Es
así como en un lapso de 10 años, Guatemala pasa de
ser un país autosuficiente en términos alimentarios a un
país que depende de los movimientos de los precios
internacionales de alimentos, los cuales se encuentran
condicionados por grandes empresas, "megamonopolios
internacionales" que deciden a su antojo los precios de los
principales alimentos de consumo humano.
Estas
políticas de apertura comercial además han significado que
la producción de alimentos sea sustituida por megaproyectos
agrícolas orientados a la exportación, especialmente de
producción de Caña de Azúcar y Palma Africana. Dichos megaproyectos tienen la característica que ocupan
grandes extensiones de tierra, utilizan grandes cantidades
de agua, y lo más grave, no requiere de la mano de obra
campesina, lo que ha provocado la expulsión de miles de
familias del campo. La producción de alimentos ha disminuido
considerablemente.
En el
periodo 1990-2005 la producción de frijol disminuyó 25,9%;
el maíz 22,2%; el trigo 80,4%; y el arroz 22,7%. En
contraposición en el mismo periodo la producción de caña de
azúcar se incrementó en 98,6%
(datos de FAOSTAT 2007 ).
A pesar de
mencionarse constantemente que Guatemala mantiene un
crecimiento sostenido en su economía, los salarios se han
quedado estancados y las violaciones a los Derechos
Laborales de la población trabajadora son una constante.
El 75% de la población trabajadora se ubica en el sector
informal, sin acceso a prestaciones sociales y dependiendo
de las posibilidades económicas de pequeños consumidores.
Mientras que la población que trabaja en el
sector formal ve constantemente violados sus derechos
laborales sin que el Estado intervenga. El Ministerio de
Trabajo ha sido debilitado al extremo que la Inspección
General del Trabajo solamente cuenta con 240 inspectores.
Es así como
en la actualidad más de la mitad de los desnutridos
centroamericanos son guatemaltecos: 3 millones de personas.
La mayoría son niños (49% de los menores de 5 años) y
campesinos indígenas (el 70% de la población indígena).
A punto de
cumplirse los primeros 100 días de gobierno del Presidente
Álvaro Colom, se observa que las acciones planteadas
para este periodo no se cumplieron. Y en fechas más
recientes se anuncia el abordaje de 32 acciones concretas
para abordar esta problemática. En este sentido las
organizaciones que vigilamos el cumplimiento del Derecho a
la Alimentación hacemos las siguientes recomendaciones al
gobierno con el objeto de que las acciones que se asuman
sean sostenibles y que realmente promuevan el acceso de
todas las personas a una alimentación adecuada.
Acciones
urgentes:
* La
propuesta de establecer Precios Tope es positiva en un
período determinado y para algunos productos (pollo, pan,
huevos, pastas, arroz, maíz, frijol, gas). Se requiere de un
fuerte compromiso social para velar por su cumplimiento y
evitar especulación y escasez.
* La revisión
del Salario Mínimo debe dejar de ser discriminadora para los
trabajadores agrícolas. Es necesario abordar su incremento
retomando el costo de la Canasta Básica Alimentaria que a
marzo supera los Q1.752,72 (233 dólares aproximadamente)
mientras que el Salario Mínimo agrícola es de Q1.410 (188
dólares aproximadamente), no agrícola Q1.455, (194 dólares
aproximadamente)
* La
liberalización de importaciones alimentarias es factible
sólo ante un eventual estado de emergencia y en un lapso de
tiempo determinado, ya que afecta la producción nacional de
alimentos. Es fundamental que este tipo de acciones se
estudie con detenimiento para evitar que los monopolios
nacionales se constituyan en el obstáculo que no permite el
abaratamiento de los productos. Es necesario estudiar la
liberalización de productos como el pollo, azúcar, huevos y
harina de trigo.
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En la actualidad más de la mitad de los
desnutridos centroamericanos son guatemaltecos:
3 millones de personas. La mayoría son niños
(49% de los menores de 5 años) y campesinos
indígenas (el 70% de la población indígena). |
* Es
fundamental que se agilice la toma de decisión acerca de los
Programas de Alimentación Escolar; mientras que es positiva
la adopción de Transferencias Condicionadas, siempre y
cuando se desarrollen capacidades de Fiscalización Social
para evitar casos de corrupción y especialmente de
Clientelismo Político.
Acciones
con efectos en el mediano plazo:
* Reactivación
inmediata de los programas ya existentes en el Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), además
de la ejecución de las acciones específicas propuestas en el
“Programa de Solidaridad”, que propiciarán la
autosuficiencia alimentaria, la independencia de los
fenómenos producidos por la especulación financiera
internacional y el control de los precios operantes en los
mercados. Estos programas deben fortalecerse financieramente
de una forma escalonada y progresiva.
* Priorizar el
papel que le corresponde a la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, SESAN, en el sentido de lo
que disponga el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONASAN), el cual además debe
constituirse en el máximo organismo legal en materia
alimentaria, tal como lo dispone la ley.
* La situación
de emergencia implica más allá de la agilización de compras,
la necesidad de dar un seguimiento efectivo al quehacer de
las entidades que coordinan alrededor de la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, función que
por mandato legal corresponde al CONASAN, y que en la
actual coyuntura no ha asumido.
* Institucionalizar una entidad que cumpla con la necesidad
de abastecer nuestras reservas alimentarias, especialmente
de Granos Básicos, para situaciones de crisis y como entidad
reguladora de los precios. Una opción sería la creación de
un Instituto Nacional de Abastecimiento Alimentario, que
cumpla la función de compra de alimentos a pequeños
productores para distribuirlos en épocas de escasez, y que
impida la utilización temática del hambre para la
realización de eventos filantrópicos, tal como el actual
Banco de Alimentos.
Acciones
con efectos en el largo plazo:
* Fortalecimiento de la Dirección de Atención al Consumidor,
DIACO, en el sentido de aumentar el personal que
realiza acciones de monitoreo de precios. Además continuar
con el proceso de convertirla en Procuraduría del Consumidor
con fuerte capacidad sancionadora.
* Abordar la
necesidad de una Política Nacional para el fomento de la
producción sostenible de Granos Básicos. Especialmente a
raíz que el decreto 40-74 Ley de Fomento de Cultivo de
Granos Básicos, a pesar de estar vigente se ha quedado sin
vinculación tras la desaparición del INDECA.
* Evaluar el
Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica, ya sea en
el sentido de Estrategia o como Plan, con el objeto de
abordar una necesidad que ya se ha asumido como prioritaria,
pero que se ha quedado postergada.
* Revisar la
situación y contenidos de los acuerdos comerciales que
impiden la aplicación de políticas comerciales adecuadas a
la realidad del país y que violan los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Tal es el
caso del TLC con Estados Unidos, que consideramos debe ser
anulado a raíz que se evidencia una grave amenaza al Derecho
a la Alimentación de la población guatemalteca.
En el escenario de la finalización del plazo de los
“100 días”, se recomienda:
1. Poner en
marcha la Estrategia de Nutrición de la Política de
Desarrollo Social del Plan de Gobierno, principalmente las
acciones de “aumento a la producción alimentaria mediante el
desarrollo sostenible del sector agrícola, mejorando las
oportunidades de mercado”; y la “ implementación de la
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en
el país, extendiéndola a todos los grupos vulnerables”.
2. Asumir las
recomendaciones del Relator Especial sobre el Derecho a la
Alimentación realizó desde el año 2005 para Guatemala, como
un compromiso hacia la realización de este derecho.
Centro
Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Coordinación
de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)
Pastoral de
la Tierra Interdiocesana (PTI)
Campaña
Guatemala sin Hambre Red Nacional para la Defensa de la
Seguridad y Soberanía Alimentaria (REDSSAG)
Mesa
Nacional Alimentaria (MNA)
Guatemala, 24de abril de 2008
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