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Seguramente Gilles Eric Seralini, el biólogo que
condujo una investigación de largo plazo que
tendía a probar la toxicidad del maíz
transgénico NK 603 de Monsanto, hubiera querido
que las evaluaciones que realizaron de su
trabajo dos agencias estatales francesas
confirmaran en un todo sus conclusiones. No fue
así, pero el científico francés se dijo de todas
maneras satisfecho: las dos instituciones
reconocieron que su reclamo de investigaciones
independientes, transparentes y públicas sobre
los OGM tienen fundamento y que hasta ahora
nunca fueron realizadas.
El lunes 22 se conocieron finalmente los
esperados informes de la Agencia Nacional de
Seguridad Sanitaria (ANSES) y del Alto Consejo
de Biotecnologías (ACB), encargados por el
Estado francés de evaluar la investigación de un
equipo de la Universidad de Caen dirigido por
Seralini.
Las dos agencias coincidieron en afirmar que el
trabajo de Seralini, que pretendía
demostrar el alto nivel de toxicidad del maíz NK
603 tenía deficiencias metodológicas y sus
conclusiones eran forzadas.
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Los industriales, los lobistas de
los OGM tienen todo que perder de
que se realicen estudios de largo
plazo, serios, transparentes,
independientes. Hasta ahora habían
logrado, con complicidad de algunas
instituciones estatales y
regionales, ocultar los riesgos de
estos productos |
Pero las dos instancias estatales franceses le
reconocieron a ese trabajo el mérito de haber
sido el primero en realizar un estudio a largo
plazo sobre un OGM y sobre todo admitieron que
lo avanzado por Seralini y los suyos era
suficientemente sólido, aun sin ser concluyente,
como para plantearse interrogantes serios no
sólo sobre la variedad de maíz estudiada sino
sobre los organismos genéticamente modificados (OGM)
en general.
Más aún: ambos coincidieron en admitir la
pertinencia de uno de los reclamos más antiguos
de Seralini: la realización de
estudios “independientes, de largo plazo
[durante toda la vida de los cobayos utilizados
y no sobre unos pocos meses] y transparentes”
sobre los OGM, y que esos estudios sean
realizados con fondos públicos y sus resultados
difundidos.
Tanto la ANSES como el ACB, sobre todo la
primera, opinaron que si bien la investigación dirigida por Seralini es
“insuficiente” para rebatir trabajos anteriores
que habían asegurado la inocuidad de los
transgénicos, las condiciones de realización de
estos últimos dejaban mucho que desear: habían
sido llevados a cabo a pedido de las propias
empresas productoras de los
OGM
y financiados por ellas, no se conocían detalles
básicos sobre la metodología utilizada y la
duración de los estudios era demasiado corta.
Progresos, pese a todo
Seralini
tomó las resoluciones como un progreso, aun si
lamentó el comportamiento “desparejo” de ambas
instituciones en esta temática. “Uno de los
criterios tomados en cuenta para invalidar
nuestro trabajo, el de su débil potencia
estadística, no fue considerado al evaluar el
estudio de Monsanto sobre el NK603, que se
realizó sobre una base estadística mucho menor
que la nuestra”.
“De todas maneras hubo un gran paso adelante: el
reconocimiento oficial de la necesidad de
investigaciones independientes y transparentes,
llevadas a cabo con fondos públicos, que
extrañamente hasta ahora han brillado por su
ausencia.
También, que sobre los
OGM
y su pretendida inocuidad nada se sabe y que las
dudas planteadas son razonables. A mí esto me
bastaría para prohibir, mientras esos estudios
de fondo son realizados, la comercialización de
alimentos y productos cuyo efecto sobre la salud
humana y el ambiente se ignoran, por un
elemental principio de precaución”, dijo el
biólogo.
Las evaluaciones de la
ANSES
y la
ACB
francesas han dado de hecho argumentos tanto al
campo de los pro como de los anti
OGM y no han modificado los alineamientos entre los
científicos, profundamente divididos sobre el
tema. Con una ventaja relativa para los
segundos, si se tienen en cuenta las
fundamentaciones de los dos organismos sobre la
urgencia de determinar “a ciencia cierta” si los
OGM
son o no inocuos y sobre la ausencia de estudios
serios que permitan concluir al respecto.
Según la revista parisina Le Nouvel
Observateur, las dos agencias francesas
citan un trabajo del investigador catalán
José Domingo, del Laboratorio de Toxicología
y de Salud Ambiental, que en 2006 y en 2010
analizó las investigaciones disponibles a nivel
internacional sobre el nivel de toxicidad de los
OGM.
En un artículo publicado en la revista
Environnemental Internacional, Domingo
apuntaba: “quince años han transcurrido desde la
introducción de plantas genéticamente
modificadas en la alimentación, y nuevos
OGM
se han ido agregando a los primeros. (…) La
ausencia de estudios toxicológicos publicados
sobre los efectos indeseables de los
OGM
sobre la salud humana era en el año 2000
particularmente evidente.
En 2006 (…) reexaminamos la literatura
científica, y el número de referencias
encontradas en las bases de datos seguía siendo
sorprendentemente limitado”. Y lo sigue siendo
ahora.
Interrogándose sobre las razones de esta
ausencia, Seralini piensa volver a la
carga. Por lo pronto, obtuvo la autorización de
la ANSES
para acceder a los análisis encargados por las
transnacionales sobre los productos que ellas
mismas fabrican, hasta ahora protegidos por el
“secreto industrial”. En paralelo, divulgará
“datos brutos” de su propio estudio, “para poder
comparar unos y otros”.
Lento pero seguro
“Paso a paso, tal vez más lentamente que lo
deseable, se logrará a pesar de todo ir
avanzando en el conocimiento de un tema de
primer orden sobre el cual hasta ahora
gigantescos intereses económicos han pretendido
mantenernos en la más absoluta oscuridad”, dijo
otro de los integrantes del equipo de Caen.
Poco antes de la divulgación de los estudios de
las dos agencias francesas, se había difundido
otro, de la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria, EFSA.
Sus conclusiones eran similares, en cuanto a la
“insuficiencia” del estudio de Seralini, a las
que llegaron la
ANSES
y el
ACB, pero mucho más taxativas y no había en ellas ni una
pizca de duda sobre la inocuidad de los
OGM.
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Valió la pena todo el trabajo que
nos hemos tomado. Se dio un paso
fundamental: colocar el tema, al
fin, en la discusión pública,
después de casi 20 años de convivir
cotidianamente con productos de los
que muchos no quieren que se hable.
El silencio, esperemos, se ha roto |
Pero pronto ese estudio cayó en el olvido,
cuando quedó al descubierto que la supuesta
composición independiente del panel que analizó
la investigación de Seralini no era tal,
y que en él revistaban científicos ligados a las
empresas semilleros.
No tan curioso
Una curiosidad del caso fue la reacción de la
Asociación Francesa de Biotecnologías Vegetales,
un puntal del lobby pro OGM en su país, que se
dijo preocupada por las conclusiones de la ANSES
y el ACB.
“La propuesta de [los dos organismos públicos]
de realizar un nuevo estudio de largo plazo
sobre el maíz NK 603 puede en el fondo causar
inquietud en los consumidores” sobre los efectos
de los OGM, se quejó la asociación.
“Ahí está el meollo del asunto: los
industriales, los lobistas de los OGM tienen
todo que perder de que se realicen estudios de
largo plazo, serios, transparentes,
independientes. Hasta ahora habían logrado, con
complicidad de algunas instituciones estatales y
regionales, ocultar los riesgos de estos
productos. Si los estudios que se reclaman se
hacen, les será más difícil seguir por la misma
senda”, dijo Philippe Colin, de la
Confederación Campesina de Francia.
El estudio de Seralini, con todos los
defectos que haya podido presentar, “tuvo
además el inmenso mérito de poner en cuestión
algo que jamás había sido examinado con
atención: la combinación de OGM con plaguicidas
como el Roundup, también fabricado por Monsanto”,
agregó Colin.
“El debate ha progresado: ha salido del círculo
de los especialistas y ha puesto de manifiesto
la insuficiencia flagrante de los estudios
realizados por los industriales en cuanto a los
efectos a largo plazo de los OGM”, comentó por
su lado Anaís Fourest, de Greenpeace.
Y Seralini apuntó: “Valió la pena todo el
trabajo que nos hemos tomado. Se dio un paso
fundamental: colocar el tema, al fin, en la
discusión pública, después de casi 20 años de
convivir cotidianamente con productos de los que
muchos no quieren que se hable. El silencio,
esperemos, se ha roto”.
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