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La “excepcionalidad” uruguaya duró lo que un lirio:
dos días después que este país se convirtiera en el
primero en Sudamérica en despenalizar el aborto por
vía parlamentaria, el presidente Tabaré Vázquez vetó
esa decisión y, en el plano legal, todo volverá a la
situación anterior
Era esperable. El presidente ya había anunciado que
antepondría sus convicciones personales a cualquier
otra consideración en la materia, y que se valdría
de las prerrogativas que “la Constitución le otorga”
para impedir la entrada en vigencia de cualquier ley
que contemplara despenalizar las interrupciones
voluntarias de embarazos.
Su idea de la “defensa de la vida” así se lo
dictaba, y así lo dejó estampado en la
fundamentación de su veto, por razones “filosóficas”
y “biológicas”, a tres artículos de la ley de Salud
Sexual y Reproductiva que los senadores y diputados
de su propio partido, el Frente Amplio, habían
defendido y aprobado en el Parlamento.
Pero por unas horas la esperanza estuvo. Una gran
diversidad de movimientos sociales, personalidades
de distintos ámbitos, miles de uruguayos que habían
firmado un manifiesto, se aferraron hasta último
momento a la que el presidente habilitara la
posibilidad de una consulta popular sobre un tema
que, según algunos legisladores del Frente Amplio
decían, es “más propio de la democracia directa que
de la democracia representativa”. Para ello se
requería que primero la ley fuera promulgada y que
luego se juntaran las firmas necesarias (25 por
ciento del electorado) para convocar a un referéndum
de anulación o ratificación de ese texto.
Promotores de primer nivel de la despenalización del
aborto se habían comprometido incluso a participar
activamente en esa campaña con tal de salir del
actual impasse. Algunos de ellos invocaron que el
presidente Vázquez saltó al primer plano de
la escena política uruguaya al participar en otra
movilización popular de ese tipo, cuando
organizaciones humanitarias y sociales y fuerzas
políticas como el Frente Amplio impulsaron un
referéndum sobre una ley que amnistiaba a los
militares culpables de violaciones a los derechos
humanos bajo la última dictadura. Uno de los lemas
principales de la campaña era “para que el pueblo
decida”.
“Ahora al presidente se le pedía eso mismo: no ya
que respetara la decisión de un parlamento
democráticamente electo y que tuvo la valentía de
decidir a pesar de haber sido sometido a presiones
de todo tipo; no ya que respetara las resoluciones
de diversos congresos del Frente Amplio, que se
pronunciaron a favor de despenalizar el aborto y
contra la institución del veto. Se le pedía lo
mínimo: que permitiera que fuera el pueblo el que
decidiera”, comentó este jueves una militante
feminista.
Pero nada de eso sucedió, y el presidente decidió
por sí y ante sí. Muy solo estuvo: según informaron
varios medios de prensa este viernes 14, Vázquez
ni siquiera tuvo apoyo de la mayoría de su propio
gabinete de gobierno. La Constitución le obligaba a
que al menos un ministro del área concernida lo
acompañara (en Uruguay no existe el veto
presidencial sino del “Poder Ejecutivo”), pero para
obtener mayor respaldo político buscó involucrarlos
a todos, o al menos a más de la mitad. Nueve de
trece ministros le dijeron que no.
Dos medios de prensa, identificados con la
izquierda, reflejaron esa situación el viernes 14:
“Por sola voluntad de un hombre”, tituló el matutino
La Diaria; “La soledad del uno”, abrió su número el
semanario Brecha, que insistió sobre el divorcio
entre el presidente y “la base política y social de
la izquierda”.
Levantar el veto del Poder Ejecutivo será muy
difícil. Deben decidirlo al menos tres quintas
partes de los legisladores de ambas cámaras
presentes el día que el asunto se trate, y aun si
todos los diputados y senadores del Frente Amplio
estuvieran en sala y optaran por desafiar a
Tabaré Vázquez, algo que parece
improbable en un momento político muy especial (en
un año serán las próximas elecciones generales y la
campaña ya está instalada), deberían agregarse
varios legisladores de la oposición. En el Senado,
esos votos podrían estar, pero no así en Diputados,
salvo sorpresa de última hora.
En el movimiento social que promovió la
despenalización del aborto, la sensación térmica
actual es agridulce. Hay quienes, pese a todo,
estiman que “hubo un gigantesco avance. El solo
hecho que el parlamento haya decidido, tras años de
intentos infructuosos y de intensos debates en la
sociedad, dar el paso democratizador que significa
la legalización del aborto, es un hecho histórico
que marcará un antes y un después”, estimó la
senadora socialista Mónica Xavier.
Lilián Abracinskas,
de Mujer y Salud en el Uruguay, no oculta su
desazón. “El presidente tomó el camino más
autoritario y despótico que podía tomar. Al vetar
los artículos que vetó, vació todo el proyecto de
ley y dejó la situación del aborto en las mismas
condiciones que estaba en 1938. Ni siquiera habilita
el aborto cuando está en peligro la vida de la
madre. No le importó la ciudadanía, ni el Parlamento
ni su propia fuerza política. Volveremos otra vez a
movilizarnos, por supuesto, pero qué amargura”.
Xavier
y Abracinskas están entre quienes convocaron
a una manifestación en el centro de Montevideo en la
noche del viernes 14 “para protestar ante un acto de
autoritarismo que implica un retroceso enorme para
el sistema democrático del país y para manifestar
nuestra más profunda indignación ante la actitud del
Presidente de la República”.
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