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Udo
Wahlbrink, presidente del Sindicato de Trabajadores en la Agricultura de Vilhena,
en el estado de Rondonia, permaneció más de ocho meses en prisión por apoyar la
lucha por la tierra. Su caso llegó hasta el Supremo Tribunal que la pasada
semana ordenó su liberación. Lázaro Dobri, presidente de la Federación de
Trabajadores en la Agricultura de Rondonia (FETAGRO), afiliada a la CONTAG,
explicó a Sirel el contexto en el cual se desarrolla este conflicto social.
-¿Cuál fue el proceso que llevó a la
cárcel a Udo?
-Esta región sur de Rondonia tiene
muchos conflictos por la tierra, en virtud de que durante la dictadura militar
una gran parte de la zona fue rematada y entregada a los compradores junto a un
documento que los obligaba a producir antes de cinco años.
En realidad, los latifundistas sólo
cortaron la madera de valor y dejaron el resto sin tocar.
Fue así que, décadas después,
entendiendo que legalmente esas tierras no tienen dueño pues no se respetaron
los términos perentorios del remate, agricultores sin tierra comenzaron a
instalarse en ellas.
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Las 40 familias de
agricultores desalojadas quedaron en las rutas, sin comida, sin
agua. Y en otras regiones ocurre exactamente lo mismo. Todo pasa por
las manos de una jueza llamada Sandra Beatriz Merenda.
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-¿Qué fue lo que hizo cambiar esa
situación?
-La llegada de la soja y la
ganadería hizo que aquellos compradores o sus descendientes o sus abogados y
escribanos desempolvaran los documentos ya sin valor y los presentaran ante la
justicia reclamando la propiedad de las tierras, ahora sí cultivadas. Una
justicia tendenciosa y una Policía servil hacen el resto.
-¿Qué ocurrió?
-De pronto aparecieron unos
supuestos dueños y las familias fueron expulsadas. La mayoría de ellas vivía en
esas tierras desde hacía 14 o 15 años. La orden judicial establecía que los
desalojados debían permanecer a más de 20 kilómetros del área en disputa.
-¿Por qué detuvieron a Udo?
-Él es el presidente del Sindicato
local, y entre sus funciones están organizar y coordinar la lucha por la tierra.
A fin de abril pasado ellos reocuparon la tierra, y por eso la Policía acusó
a Udo de promover el desorden público, de formar bandas, y lo detuvieron.
Hicimos jugar el habeas corpus en
dos ocasiones aquí en el estado de Rondonia, pero le negaron la libertad.
Finalmente, el pasado 13 de
noviembre el caso fue analizado por el Supremo Tribunal de Justicia Federal (STJ),
que determinó su liberación inmediata. Es importante destacar que la CONTAG y
la CUT contrataron a un abogado penalista especialista en habeas corpus.
Incluso así, la Policía recién lo
liberó el 15 de noviembre, dos días después de la resolución judicial.
-¿Cuál fue la reacción local allí en
Rondonia?
-El mismo día del fallo del STJ
en Brasilia, y después de haberlo mantenido preso durante ocho meses, el
Ministerio Público de Rondonia presentó una denuncia contra Udo pidiendo 18 años
de condena para él y otros militantes acusados de varios delitos.
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Hay amenazas, hay
agresiones, hay pistoleros al servicio de los latifundistas. Hemos
solicitado protección policial por Udo ya mucho antes de que fuese
arrestado. |
-¿Por qué ocurre una persecución tan
grotesca?
-Aquí el agronegocio actúa
brutalmente, y la justicia es parcial. Tres días antes de Udo ir a la
prisión el gobernador del estado leyó en un acto público una carta que -dijo- le
había sido enviada por la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) que
representa a los latifundistas. En esa carta la CNA reclamaba la prisión para
los campesinos que luchan por tierra, y el gobernador no tuvo ningún empacho en
leerlo en público.
-No hay justicia real, entonces…
-Cualquier acción que la CNA
inicie en la justicia contra las ocupaciones es decidida en el mismo día,
sistemáticamente para ordenar el desalojo, sin considerar que las familias viven
allí desde hace años, que hay niños que van a la escuela, que se han construido
viviendas y se está cultivando la tierra.
Nada le importa a esta justicia. Las
40 familias de agricultores desalojadas quedaron en las rutas, sin comida, sin
agua. Y en otras regiones ocurre exactamente lo mismo. Todo pasa por las manos
de una jueza llamada Sandra Beatriz Merenda.
-¿Existen amenazas de muerte?
-Hay amenazas, hay agresiones, hay
pistoleros al servicio de los latifundistas. Hemos solicitado protección
policial por Udo ya mucho antes de que fuese arrestado.
Ahora la pedimos nuevamente porque
sabemos que está marcado para morir.
En estos días nos estamos asegurando de que no salga solo ni se exponga.
-¿Qué ocurrirá ahora judicialmente?
-Si la jueza Merenda acepta
la denuncia del fiscal, Udo y los demás compañeros deberían enfrentar
otro juicio.
Será una lucha ardua, pero sabemos
que, como todos estos meses, contaremos con el apoyo de la CONTAG, de la CUT y
de la UITA, que le dio difusión internacional a este caso.
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