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La negativa del
gobierno mexicano a dar respuesta a la petición del juez Fernando Grande Malaska,
en torno a denuncias de tortura formuladas por la joven catalana Cristina Valls,
ratifica la total indiferencia de este país para atender los casos de
violaciones a los derechos humanos.
Grande Malaska
examina la querella interpuesta por Valls, desde el 25 de enero pasado,
en la cual solicita acusar al gobierno de México por tortura. Antes de
aceptarla, el juez pidió al gobierno mexicano conocer si existe proceso por los
hechos de Atenco de 2006, en qué estado se encuentra, si existen
denuncias de violación-tortura y si Valls puede hacer la denuncia en
México. También indaga acerca de las garantías, ya que la joven fue
expulsada y se le prohibió regresar a territorio mexicano hasta 2011. Desde el
envío de esa petición, llamada comisión rogatoria, han pasado más de dos meses y
no hay respuesta. El juez ha querido asegurarse y consultar al gobierno
mexicano, pero es un hecho que no hay información, según la denuncia hecha
pública por Viviana Waisman, directora de Women's Link Worldwide,
grupo que representa a la joven.
La acusación de Cristina Valls es contra 140
funcionarios y policías, de acuerdo con los informes de una misión especial de
España, encabezada por Waisman, quien ya solicitó la intervención
del Congreso mexicano en el caso. Por su parte, la presidenta del órgano
legislativo, Ruth Zavaleta, y las diputadas Claudia Cruz, del
Partido de la Revolución Democrática, y Marina Arvizu, del partido
Alternativa Social Demócrata, adelantaron que pedirán la formación de una
comisión especial que aclare las demandas de las mujeres violentadas en los
hechos de Atenco y anunciaron que recibirán a la abogada Waisman.
La letrada llegó al país con una misión especial para informar en México
sobre la querella interpuesta en enero pasado y dijo que existen suficientes
elementos y jurisprudencia internacional para sentenciar a las autoridades
mexicanas por tortura. La misión también pedirá información a la Procuraduría
General de la República y se entrevistará, antes del 18 de mayo, con organismos
de derechos humanos y grupos sociales.
Waisman
explicó a SEMlac que cuenta con amplia documentación, lo que ha hecho
posible que la Audiencia Nacional de España intervenga, porque
Cristina Valls y otras más de 20 mujeres fueron violadas en mayo de 2006, en
una intervención policíaca en Atenco, Estado de México, y luego
deportada ilegalmente a España. Estos sucesos motivaron la presentación
de esta querella -cuya copia obtuvo SEMlac- ante la Audiencia Nacional.
En el documento se lee que la intervención policíaca y su procedimiento no
reunieron los mínimos requisitos legales exigibles. Agrega que los hechos
ocurridos se ajustan a la definición de tortura que establece la Convención
contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
adoptada en 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que España
ha firmado y ratificado. La querella también establece las violaciones por la
deportación ilegal de Cristina Valls, aquel 4 de mayo de 2006, junto con
otras cuatro personas extranjeras: una chilena, otra española y dos alemanas.
Nuevas denuncias
El 29 de abril último se hizo otra denuncia, esta vez ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), formulada por 11
mujeres víctimas de tortura durante los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en
Atenco. La petición fue acompañada por el Centro de Derechos Humanos "Miguel
Agustín Pro" (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL). Luis Arriga, director del Centro Prodh,
dijo a SEMlac que la denuncia se basa en la ineficacia de las instancias
nacionales, ya que no se han establecido responsabilidades, no hay detenidos, no
existe proceso o curso a las investigaciones y, por tanto, no hay justicia. Las
peticionarias, buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó
sus derechos humanos y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz
para sancionar a los responsables de tortura, explicó.
Algunos hechos
La incursión de policías federales, estatales y municipales a
San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, según testimonios,
documentos y denuncias, dejó un saldo alto de violaciones a los derechos
humanos. El pretexto sería el rescate de algunos elementos de las corporaciones
estatales y federales que estaban retenidos por los pobladores. Pero el supuesto
rescate incluyó el arresto de centenares de personas, miembros de diversas
organizaciones, grupos y colectivos sociales y políticos, así como trabajadores
de medios libres, alternativos e independientes de comunicación. La madrugada
del día 4, unos 2.000 agentes tomaron el pueblo, agredieron a todo el que se
encontraba por la calle, allanaron casas sin orden judicial y detuvieron a 207
personas, 47 de ellas mujeres. Veintiséis de las 47 mujeres detenidas
denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte
de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran
trasladadas al penal de Santiaguito, a unos 70 kilómetros de la ciudad de
México.
La Procuraduría General
de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, inició de oficio
una investigación contra quienes resultasen responsables de los delitos
cometidos en contra de algunas mujeres. Sin embargo, desde el día de los hechos
no se hizo nada. Las víctimas acudieron a todas las audiencia, declararon,
mostraron pruebas, se sometieron a exámenes médicos y ratificaron sus
declaraciones. El 25 de enero de 2008, Cristina Valls presentó su
querella ante la Audiencia Nacional española. Denunció hechos de tortura
susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país, debido al principio
de jurisdicción nacional que prevalece, en casos de delitos graves, sancionados
por el derecho internacional.
La impunidad
Tanto para Cristina Valls, como para CEJIL,
Centro Pro y Amnistía internacional (AI) -que se sumó a las
acciones internacionales para lograr justicia en el caso-, es preocupante que, a
dos años no existan resultados y las víctimas continúen en espera de la atención
y el apoyo garantizados por la Constitución Mexicana. El material probatorio
ante la CIDH consiste de 20 anexos que incluyen los peritajes del Manual
para la investigación y documentación eficaces de tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados por
la Comisión Nacional de la Tortura y la Impunidad y la Procuraduría General de
la República (sólo dos), los cuales dieron resultados positivos en cuanto a la
existencia de actos de tortura.
Una primera conclusión de todos los documentos, según la
senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de ese órgano, indica que en Atenco se dio la tortura sistemática
de un grupo identificado por los policías como "subversivo". Las mujeres fueron
abusadas no sólo individualmente, sino también como grupo, fueron tratadas como
objetos, como botín de guerra; hombres y mujeres fueron identificados por el
Estado como enemigos y no como ciudadanos, indicó. La persistencia de las
dificultades para acceder a la justicia y el hecho de que los casos de
violaciones a derechos humanos no sean considerados con la prioridad que
requieren, hace necesario seguir buscando caminos que hagan posible la justicia
para las víctimas.
Sara Lovera
SEMlac
15 de mayo de 2008
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