Serían 8.550 los puestos de trabajo que están en peligro en el sector de la maquila nicaragüense. Así lo denunciaron los sindicatos afiliados a la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE) durante una conferencia de prensa que se realizó en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Trabajadoras y trabajadores organizados de la Zona Franca, pero también del sector público y de la empresa UNICOMER de Nicaragua, se presentaron en las instalaciones de esta organización pidiendo respaldo legal, para que sus denuncias puedan ser presentadas a instancias internacionales.

Según cuanto expresó el líder sindical de la CST-JBE, Miguel Ruiz, “Hemos venido a solicitarle al CENIDH el acompañamiento jurídico en esta denuncia que estamos haciendo, en el sentido que sentimos el atropello y la violación a nuestros derechos laborales, no solamente en las empresas privadas, sino también en instituciones estatales como el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). Se trata de una situación muy complicada para los trabajadores nicaragüenses -continuó Ruiz- y estamos frente a un verdadero chantaje sobre todo por parte de los inversionistas de la maquila, quienes nos amenazan con trasladar las empresas a otros países para no cumplir con las leyes de Nicaragua”.

Las informaciones que en estos días circulan en el país son alarmantes pues serían por lo menos ocho las empresas que van a cerrar, dejando sin empleo a miles de trabajadores.

“La empresa de capital taiwanés Chao Hsing, que es parte del consorcio Nien Hsing, está amenazando cerrar y se perderían 3 mil puestos de trabajo. Si cerraran las doce empresas que conforman el consorcio, serían 20 mil los puestos de trabajo que están en riesgo”, agregó Ruiz.

Según los miembros de los sindicatos que presentaron la denuncia en el CENIDH, “El argumento que están utilizando las empresas es falso y la verdad es que la mayoría de ellas están cumpliendo 10 años de estar en Nicaragua y la Ley de Zona Franca dice que cumpliendo ese término, se le decaen todos los beneficios fiscales y tienen que comenzar a pagar impuestos. Ahora quieren chantajear al gobierno y a los trabajadores para ver si logran negociar otro periodo”.

Pero estas empresas tienen también una escapatoria, porque una de las estrategias utilizadas en estos últimos años es cesar operaciones, despedir al personal y volver a instalarse bajo otra razón social para poder gozar de otros diez años de gracia.

Yendo más a fondo de esta situación, resulta también evidente que las empresas maquiladoras ya no están conformes con el trato que les está dando el nuevo gobierno.

“Estaban acostumbradas a tener la máxima flexibilidad laboral, como son por ejemplo las jornadas 4 por 4 (4 días de trabajo y 4 de descanso), con horarios de hasta 12 horas diarias y con sueldos fijos. El Ministerio del Trabajo, MITRAB) -profundizó en el análisis Ruiz- emitió una resolución en la que declaró ilegal esa practica por no estar contemplada en el Código del Trabajo. En otra resolución declaró válidas solamente las inspecciones que contaran también con la firma del sindicato, evitando de esa manera arreglos extraños entre los inspectores y la empresa, Hay protestas también por el aumento al salario mínimo que se acaba de negociar, pero si revisamos la situación de las maquilas en el país, Nicaragua tiene todavía los salarios más bajos de la región, es decir 0,30 centavos de dólar por hora”.

Frente a toda esta situación y también a la efectiva caída de un 30 por ciento de las demandas por parte de las marcas, como efecto de la recesión de la economía norteamericana, las organizaciones sindicales están pidiendo al secretario general de la Corporación de Zona Franca, Álvaro Baltodano, que reúna de inmediato a la Comisión Nacional de Zona Franca para hablar del tema y buscar soluciones.

“Estamos claros que para cerrar una empresa antes hay que notificar esta decisión al MITRAB, para que se asegure la liquidación y todas las prestaciones laborales a los trabajadores. También la Corporación debe conocer del cierre para finiquitar esta empresa y autorizar su liquidación y mientras no cumplan con estos pasos no pueden suspender operaciones, pero esto nunca se cumple. Lo que pensamos -concluyó Ruiz- es que están preparando su salida dejando otra vez a los trabajadores y trabajadoras en la indefensión y es por eso que el Estado debe actuar de manera rápida”.

Pero esa maniobra de las empresas maquiladoras no sería nada nuevo y se suma a una actitud generalizada de no respeto a la legislación laboral vigente, aprovechando los enormes vacíos y debilidades de las mismas leyes.

Para Irela Alemán del CENIDH, “a las denuncias que se presentaron ya les veníamos dando seguimiento desde el año pasado. El factor común es la existencia de resoluciones del MITRAB o sentencias judiciales que no están siendo acatadas por el empleador y que además, no vemos una respuesta efectiva por parte del Estado de implementar acciones de tutela para el cumplimiento de estas resoluciones. A pesar de estarles dando la razón a los trabajadores -continuó Alemán- en cuanto, por ejemplo, a que existe una violación concreta al convenio colectivo, que no se están pagando prestaciones sociales o que hubo violación al fuero sindical, esto queda sólo en el papel, mientras que en la practica las violaciones son constantes y no hay ningún tipo de sanción para el empresario, o incluso para instituciones del Estado que están incumpliendo la ley”.

Para la experta en temas laborales del CENIDH, Nicaragua no está teniendo dentro de su sistema judicial los mecanismos que realmente permitan poder obtener el resarcimiento de los derechos violentados y por lo tanto, lo único que queda a las y los trabajadores es recurrir a instancias internacionales “y para nosotros, colaborar con la sociedad civil en todo el trabajo de incidencia para poder demandar al Estado la ratificación del Protocolo de San Salvador, que es otro instrumento de derechos humanos que permitiría poder acudir a otras instancias internacionales en el tema de derechos económicos, sociales y culturales. El tema del acceso a la justicia y de economía procesal resultan ser problemas fundamentales, porque de nada le sirve en efectos prácticos a un trabajador ir al MITRAB a interponer una denuncia, porque una vez que tenga la resolución no hace nada con ella. Si en años anteriores -recordó Alemán- el problema era que tenía las resoluciones en contra y le daba al empresario una fuerza de carácter político para decir que no estaba violentando la ley, ahora nos encontramos con una situación donde más bien hay resoluciones a favor del trabajador, pero es como si no existieran porque no son de carácter coercitivo. Es decir, en la legislación laboral no está funcionando el sistema para la defensa de los derechos laborales y es muy grave, porque deja a los trabajadores en la indefensión. Una de las soluciones sería darle al MITRAB la facultad de que sus resoluciones sean coercitivas, pero además, un mecanismo para sancionar a la empresa cuando incumple con la resoluciones”, concluyó Alemán.

Después de haber presentado la denuncia en el CENIDH y en la Procuraduría de Derechos Humanos, las trabajadoras y los trabajadores organizados interpelarán a la Comisión Laboral del Parlamento para que intervenga, pidiendo por ejemplo que convoque a la Corte Suprema de Justicia para ventilar que todos los juicios laborales se resuelvan de manera inmediata.

Esta denuncia será también introducida en la OIT y se buscará la forma para llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).