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Durante el
año 2007, el Sindicato Obrero de Migranja (SIOMI),
enfrentó diversos conflictos con la
patronal. El incumplimiento de los decretos
del Poder Ejecutivo en términos de salarios,
el desconocimiento de varias cláusulas del
convenio colectivo y las malas condiciones
de seguridad e higiene entre otras cosas,
llevaron a los trabajadores a librar una
ardua lucha que tuvo como consecuencia más
notoria la ocupación del establecimiento.
Finalmente en enero de este año, previa
mediación del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, se firmó un nuevo convenio
que contempla las reivindicaciones de los
trabajadores. Cuando todo parecía marchar
sobre rieles, el pasado 30 de abril -sin
previo aviso- los casi 300 trabajadores de
Migranja SA fueron notificados que
pasaban al seguro de paro y aquellos que no
llegaran al número de jornales requeridos
para acogerse a ese beneficio, serían
despedidos.
Germán González,
secretario general del SIOMI,
manifestó a Sirel que “lo que más
preocupa a los trabajadores es la
incertidumbre que se ha generado sobre el
futuro de la fuente de trabajo. Después de
casi dos años de negociación en los cuales
no llegábamos a un acuerdo, si bien nos
sorprendió el hecho de que la empresa
decidiera en plena zafra ceder a todas las
condiciones que estipulaba el Sindicato, no
nos dimos cuenta que tal vez esa
complacencia escondiera algún plan que a
mediano plazo nos perjudicaría.”
En relación a las posibles intenciones de la
empresa, que con esta actitud unilateral ha
sumado una nueva violación al convenio
recientemente firmado, González
señaló: “Concretamente no sabemos nada, pero
especulamos con que los propietarios de
Migranja (israelíes) piensen en
retirarse del país. En esta época ya
deberíamos estar podando, de no hacerlo se
perjudicarán seriamente los frutales y por
consiguiente la producción del año que
viene. Este hecho, sumado al despido de todo
el personal y que cerraran todas las
porteras a las fincas -menos la entrada
principal- con barricadas de tierra y
alambre de púas, nos hace sospechar lo
peor.”
La situación de los trabajadores y
trabajadoras resulta aún más complicada
debido a que la mayoría no cumple con el
mínimo de jornales necesarios (150) para
obtener el derecho al seguro de paro. Debe
destacarse que aproximadamente el 35 por
ciento de la mano de obra en Migranja
son mujeres y de ellas 70 por ciento madres
solteras menores de 24 años. La primera
medida adoptada por el Sindicato fue
trasladar un número importante de
trabajadores y trabajadoras a Montevideo*
para solicitar una entrevista urgente con
el director Nacional de Trabajo, Julio
Baraibar, uno de los gestores para la
firma del Convenio Colectivo.
“Lo primero que le manifestamos a
Baraibar fue que no teníamos ningún
contacto con la empresa, ya que el mismo día
30 personalmente llamé a la abogada de la
empresa quien me atendió y me dijo que me
llamaría en cinco minutos, que resultaron
ser siete días”, manifestó González.
Finalmente se acordó una reunión con la
empresa en el Ministerio de Trabajo para el
día 19 de mayo. Consultado acerca de las
medidas que llevarán adelante en el caso de
que no se llegue a un acuerdo, González
manifestó: “las adoptará la asamblea, pero a
priori no se descarta ninguna, tenemos muy
claro que lo principal es asegurar nuestra
fuente de trabajo y no cobrar unos pesos
más”.
Uruguay
Natural
Moshe Poria,
gerente de producción de Migranja, en
declaraciones al diario El País
del 27 de septiembre pasado, refiriéndose a
la ocupación de la granja por los
trabajadores debido al incumplimiento por
parte del empleador del aumento salarial
surgido del Consejo de Salarios, manifestó:
“Así no podemos seguir. No se puede hacer
nada acá. Nosotros invertimos plata y ellos
nos hacen daño”. Además la empresa presentó
una solicitud de prueba anticipada, previa a
un juicio contra el Sindicato y el
Ministerio de Trabajo por daños y perjuicios
derivados de la ocupación.
La versión de Poria y las
pretensiones de la empresa omiten
algunos hechos importantes. Por ejemplo, en
forma casi simultánea con aquellas
declaraciones y acción judicial, en las
actas de la 69ª Sesión extraordinaria de la
Cámara de Representantes (28 de noviembre
2007) puede leerse que trabajadores de
Migranja “denuncian graves
irregularidades en lo referente al manejo de
los productos fitosanitarios. Expresan los
trabajadores que esos productos les son
entregados sin las etiquetas
correspondientes, razón por la que no saben
cuáles son sus componentes o sea, que
desconocen qué productos químicos utilizan”.
La exposición se cursó a la Intendencia
Municipal y a la Junta Departamental de San
José, al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a la Comisión de Trabajo de la
Cámara de Representantes y a la empresa
Migranja.
Ahora acaba de producirse otro hecho que
pone en evidencia la seriedad con la que
opera Migranja. La Administración
Nacional de Alimentos de Suecia,
con fecha 27 de marzo de 2008, decidió
retirar del mercado manzanas de la variedad
Royal Gala cuyo origen es Uruguay
y el proveedor Migranja SA** La
decisión se fundamenta en la presencia en la
fruta del insecticida Carbaril, con
un contenido de 0,34 mg/kg, cuando el máximo
admitido en Suecia es de 0,05, es
decir que las manzanas contenían 7 veces más
agrotóxico que el permitido. De manera que
Migranja no solamente atenta contra
la salud de sus trabajadores, también lo
hace contra la marca Uruguay Natural
en la que tanto esfuerzo y dinero nuestro
país ha invertido.
Finalmente -por ahora- debemos consignar que
algo más de 500 litros del insecticida
Carbaril fueron retirados hace
aproximadamente 15 días de los depósitos de
Migranja.
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La larga y
triste historia de Migranja
Creada en 1984, posee mil
hectáreas de tierra de las
cuales 490 se encuentran bajo
cultivo, de ellas, casi las dos
terceras partes corresponden a
manzana en sus variedades Royal
Gala, Fuji, Braerburn y Granny
Smith. En la actualidad produce
entre 8000 y 10.000 toneladas de
fruta al año, en su totalidad
destinada a la exportación.
Por
el directorio de Migranja
pasaron personajes vinculados a
la política y a los negocios
como Carlos Garat, Ricardo
Zerbino, Julio de Brum, Marcelo
Caputti, Uri Cohen y Martín
Apariquián. En 1989 la empresa
presentó un proyecto a la
Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND) con una
inversión de 21,9 millones de
dólares, de los cuales 4,9
millones eran fondos propios,
3,3 millones producidos por
autogeneración y el resto se
repartía entre la CND, el Banco
de la República, la Corporación
Financiera Internacional y la
Corporación Internacional de
Inversiones. Transcurrido el
tiempo no ocurrió la prometida
autogeneración y los socios
abandonaron el proyecto en
cuanto pudieron.
En
1998 Migranja agonizaba,
si en ese momento la CND se
hubiera retirado del negocio
habría perdido un millón de
dólares, pero luego de un largo
y poco transparente proceso, en
febrero de 2000 la CND asumió el
100 por ciento de las acciones
de Migranja. El resultado
de todo este manejo le significó
a la CND (es decir al Estado, es
decir a todos nosotros) una
pérdida patrimonial por 13,3
millones de dólares.
Finalmente, en diciembre de 2001
la CND vendió Migranja a
inversores israelíes por 3,75
millones de dólares. Un millón
se abonó al contado y el saldo a
cancelar en cuotas trimestrales
en un plazo de 11 años, con
garantía en los bienes inmuebles
de la empresa. Según la
Auditoria Interna de la Nación,
el cronograma de pagos acordado
fue el siguiente:
Año
2003
200 mil dólares por año
Año
2004
250 mil
dólares por año
Años
2005 al 2008
300.000 dólares por año
Al
31 de diciembre de 2007 el saldo
adeudado es de 1 millón 700 mil
dólares.
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Amalia Antúnez y Enildo Iglesias
Rel-UITA
13 de mayo de 2008
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