Quienes hablan de “deuda ecológica y social” no se refieren exclusivamente a conceptos ideológicos, sino a hechos concretos que han traido destrucción a los pueblos del Sur del mundo. En el Taller Regional sobre Deuda Ecológica de la Unión Europea con Centroamérica, recién concluido en San Salvador, se presentó una gran cantidad de casos como testimonios de un pasado y de un presente a tomar en cuenta para la firma de un Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, cuyas negociaciones comenzarán en el último trimestre de 2007. Reunimos aquí tres de esos casos

El petróleo del Petén

de José Manuel Chacón - Madre Selva Guatemala*

El Parque Nacional Laguna del Tigre y su biotopo incluido (335 mil hectáreas) se encuentra en la categoría de “biosfera maya” y es la mayor riqueza que tiene Guatemala. Representan el segundo humedal en importancia en América Latina, después del Pantanal amazónico, y concentra una enorme riqueza en biodiversidad, albergando también importantes sitios arqueológicos, representativos de la cultura maya.

A pesar de tener una ley que lo protege, ese parque ha sufrido un enorme deterioro por la presencia de la industria extractiva de petróleo. En 2001, la empresa transnacional francesa Perenco adquirió las concesiones de la anterior petrolera Anadarko Petroleum Corporation (APC), incluyendo un oleoducto de 440 kilómetros, una refinería y un centro de almacenamiento.

Después de tantos años de explotación petrolera, iniciada por la compañía Basic Resources International (Bahamas) Limited en 1980, antes de que la zona fuera declarada área protegida, el Parque está agonizando. A esta actividad destructiva se le suman otros fenómenos como el tráfico de madera, el de seres humanos que quieren viajar de forma ilegal hacia Estados Unidos, el comercio ilegal del patrimonio arqueológico y el narcotráfico. La historia de cómo las petroleras han estado incidiendo en la biosfera maya está caracterizada también por un fuerte componente de corrupción en las concesiones de contratos, por la forma en que se otorgan e incluso en la imposición de las regalías, que dejan al país un vergonzoso 6 por ciento.

Desde el período de los gobiernos militares hay una verdadera mafia, y un vínculo directo de la oligarquía nacional con el manejo de la administración del Parque. Guatemala está perdiendo su patrimonio natural y arqueológico, mientras los accionistas de la empresa se llevan  el 94 por ciento de las ganancias. Además de responsabilizar a la empresa Perenco y a las otras presentes en la zona (Petro Energy, Petro Ramrod, OTS, Mexpetrol Guatemala Corp. y Petrolatina) de todos los daños ocasionados, a la empresa francesa se le acusa también de hechos delictivos, como el asesinato de personas que han intentado divulgar lo que estaba pasando en el Parque. Actualmente, Perenco y otras empresas están pidiendo nuevas concesiones petroleras, y esto va a agudizar aún más no sólo la conflictividad social, la violencia en la zona, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, sino también la destrucción del tesoro arqueológico.

La sangrienta historia de la Represa de Chixoy

de José Manuel Chacón - Madre Selva Guatemala

Otro caso por el cual la Unión Europea les debe a los pueblos centroamericanos es la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy. Se comenzó a construir en la década de los 80, en medio de una sangrienta guerra que dejó más de 200 mil muertos y un sinnúmero de desaparecidos. Para el desarrollo del proyecto, el gobierno contrató a empresas europeas, entre ellas la Escher Weis de Suiza, que cobró 12 millones de dólares, la COGEFAR de Italia, 200 millones de dólares, y la empresa alemana Holchtief, que cobró 130 millones de dólares.

Este megaproyecto estuvo financiado principalmente por el Banco Mundial (BM) a través del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), y fue presentado como un proyecto de desarrollo. El costo total del proyecto fue de aproximadamente 955 millones de dólares, lo que en 1990 representaba el 45 por ciento de la deuda externa del país. Se embalsó el río Chixoy inundando 1.170 manzanas de tierra, y se desplazó forzadamente a más de 3.500 integrantes de comunidades mayas. Las cerca de 6.000 familias dueñas de las tierras sufrieron la pérdida de todos sus recursos y de sus modos de vida. La protesta de quienes se atrevieron a resistir fue acallada con masacres, torturas y desapariciones usando la falsa acusación de guerrilleros o de apoyar a la guerrilla. Entre las masacres más conocidas está la del Río Negro, en la que el Ejército y miembros de la Autodefensa Civil mataron a 70 mujeres y 107 niños y niñas. Han transcurrido 20 años, y todavía permanecen ocultos varios cementerios clandestinos; la gente sigue buscando. Hasta la fecha no hubo indemnización para los desalojados ni para los familiares de las víctimas, y los que regresaron a poblar la zona, con lo que producen solamente logran cubrir el 28 por ciento de sus necesidades alimentarias (antes de la represa alcanzaban el 79 por ciento).

Estas empresas fueron cómplices de los asesinos, aprovechándose de un momento de abiertas violaciones a los derechos humanos y manteniendo el silencio ante lo que estaba pasando. Cerraron los ojos y  siguieron trabajando. Responsabilizamos por el mismo motivo a los organismos que financiaron la obra, en este caso al Banco Mundial y al BID.

Durante el gobierno del presidente Arzú se privatizó el servicio de electricidad, y ahora, en esta empresa que ha costado sangre a las y los guatemaltecos participan empresas europeas como Unión Fenosa, distribuyendo energía y cogenerando electricidad. No estamos hablando de un proyecto para generar desarrollo, sino para beneficiar a las empresas transnacionales. Hace 25 años la represa de Chixoy se construyó como “proyecto de desarrollo”, pero lo más absurdo es que las comunidades que se instalaron alrededor del proyecto todavía no tienen electricidad.

Ahora quieren promover otros megaproyectos hidroeléctricos en esta zona, como la represa Serchil y la de Xalala. La gente está reaccionando y las comunidades han comenzado un proceso de  consultas para rechazarlos. La pregunta es: ¿estos gobiernos violadores de los derechos humanos tomarán en cuenta estas consultas?

 

Expansión de la piña en Costa Rica

de Grace García – COECOCEIBA/Amigos de la Tierra - Costa Rica

En 2005 hicimos un estudio acerca de la expansión del cultivo de la piña y lo enmarcamos dentro de la categoría deuda ecológica. Es un tema muy importante en Costa Rica por el alto nivel que ha tenido la exportación de este producto hacia Europa y Estados Unidos. Es importante mencionar que eso ha traído en sí mismo no solamente una problemática ambiental, sino otros tipos de conflictos en materia de conservación del agua, del uso de plaguicidas, de la contaminación atmosférica o la sustitución de bosques por estos monocultivos. En 2004 se calculaba que había 23 mil hectáreas dedicadas al cultivo de piña, mientras que en los primeros meses de 2007 su producción llegó a ocupar 41 mil hectáreas, es decir un aumento de casi el 100 por ciento en tan sólos tres años.

Esto se debe sobre todo a la creciente demanda de piña costarricense por parte de los mercados europeo y estadounidense. Es importante mencionar también que la plantación piña gozó de grandes incentivos, pero el aumento de la producción y de las exportaciones trajo consigo fenómenos crecientes de violaciones a los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores, impactos ambientales en las comunidades y el desplazamiento de la agricultura de subsistencia.

Al tener fuertes incentivos para la exportación en el marco del CAFTA, los grandes inversionistas piñeros -muchas veces de capital extranjero como PINDECO (Pineapple Development Company SA), que es una subsidiaria nacional de la Del Monte Quality Fresh Fruti- vieron aumentar vertiginosamente sus ganancias.

Las comunidades afectadas han buscado alternativas de resistencia y organización para detener los fenómenos de persecución sindical, las afectaciones a sus derechos sobre el agua y el alto grado de contaminación.