Faltó poco. Pero no alcanzó. Y mientras se multiplican las interrogantes sobre el por qué del fracaso, hay quienes se dicen dispuestos a persistir en la búsqueda de verdad y justicia y otros que afirman que de todas maneras la ley de impunidad tiene los días contados.

Los últimos cómputos oficiales, difundidos este lunes 26 por la Corte Electoral, asignan a la papeleta rosada del “Sí” a la anulación de la llamada ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, un 47,2 por ciento de los votos expresados en el plebiscito del domingo 25. Se necesitaba la mitad más uno de los sufragios para que la iniciativa fuera aprobada.

De esta manera, y por segunda vez en un plebiscito –el otro fue en 1989– los uruguayos decidieron confirmar la ley que en 1986 dejó sin castigo penal a buena parte de los responsables de las atrocidades cometidas  bajo la dictadura cívico militar que se extendió entre 1973 y 1985.

El fracaso caló hondo entre los promotores de la anulación de la ley, porque parecía que esta vez sí “se llegaba”. El contexto nacional e internacional era en principio favorable. Un factor central en el fracaso de veinte años atrás, el miedo, generado por el poder de coacción que aún conservaban los militares, hoy no opera, y la principal fuerza política que impulsó el plebiscito del 89 y oficialmente respaldó el actual, el Frente Amplio, ahora es gobierno y es de lejos el principal partido del país.

Fue precisamente del Frente Amplio que provinieron las defecciones del 25 de octubre. Si todo el electorado de esa coalición, que el domingo, en las elecciones nacionales celebradas junto al plebiscito, arañó el 48 por ciento de los votos, se hubiera volcado por el “Sí”, la anulación de la ley de caducidad se hubiera finalmente producido, ya que no pocos votantes de otros partidos apoyaron también esa opción. 

Lo cierto es que desde los primeros momentos, cuando parecía poco menos que una quijotada que se consiguieran las firmas necesarias para la convocatoria a un plebiscito, y hasta el final, el grueso de la campaña por el “Sí” a la supresión de la ley recayó en el movimiento social, especialmente en el sindicalismo y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La propaganda por el Sí estuvo además prácticamente ausente de los medios masivos de comunicación. Apenas si se la vio, y de manera intermitente, en los canales de televisión, sumergida por la omnipresente publicidad partidaria.

Por otra parte, es probable que no pocos electores hayan sido sensibles al argumento de que aun con todas sus limitantes la ley de Caducidad dejaba resquicios por los cuales se coló el actual gobierno para llevar ante la justicia a algunos de los más connotados represores (una decena de ellos están hoy presos).

Fueran cuales fueran las razones del fracaso de la convocatoria a suprimir la ley de Caducidad del ordenamiento jurídico nacional, lo cierto es que la decepción fue grande, y particularmente entre los más jóvenes, sobrerrepresentados en las manifestaciones callejeras por el Sí en relación a su peso en la sociedad uruguaya y a su nivel de involucramiento en la vida política.

Pero hay quienes hacen hincapié en el vaso medio lleno y resaltan que bordear el 48 por ciento de los votos con una propuesta de este tipo (en el 89 apenas se había llegado al 42), máxime en una sociedad más bien conservadora como la uruguaya, no es para nada despreciable. Lo señalaron, por ejemplo algunos periodistas extranjeros.

Por lo pronto, los organismos de derechos humanos no dejarán de reclamar por verdad y justicia. Confían en que la ley de Caducidad termine por caer por su propio peso.

Uruguay está a punto de ser sancionado por la Corte Interamericana de Justicia precisamente por no haber eliminado una ley como esta, que a juicio de ese organismo es una aberración violatoria de todos los tratados internacionales firmados y ratificados por Montevideo.

En el plano interno, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional unos pocos días antes del plebiscito. Lo hizo por un solo caso de delito de lesa humanidad cometido bajo la dictadura, pero todo indica que se pronunciará de la misma manera en todos los casos que deba considerar en el futuro.

Anticipándose a quienes pudieran llegar a considerar que una derrota del Sí en el plebiscito del domingo pasado sepultaría cualquier pretensión de liquidar la ley de amnistía a los violadores de los derechos humanos, en ese fallo la Corte estimó que “el ejercicio directo de la soberanía popular por la vía del referéndum derogatorio de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo sólo tiene el referido alcance eventualmente derogatorio, pero el rechazo de su derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma legal viciada desde el origen por transgredir normas o principios consagrados por la Carta constitucional".

En claro: la ley –aun habiendo sido confirmada en el plebiscito– es intrínsecamente inválida por violentar derechos fundamentales que no pueden ser avasallados por ninguna mayoría.

Los organismos de derechos humanos confían en que se produzca en Uruguay un proceso similar al que se dio años atrás en Argentina, donde leyes de alcance similar al de la ley de caducidad fueron declaradas inconstitucionales, en una cantidad tal de casos que el parlamento se vio obligado a suprimirlas y abrir así la vía al juicio y al castigo de los violadores a los derechos humanos.

“Hubiera sido mejor, qué duda cabe, que aun si a la larga esta ley va a ser suprimida,  fuera el pueblo el que lo decidiera de forma directa, y en ese sentido no podemos dejar de reconocer que sentimos una profunda amargura”, dijo a Sirel un integrante de la Coordinadora que promovió el Sí.