El Congreso legislativo de Guatemala deberá decidir a partir del 26 de este mes si impone su voluntad original sobre el veto del presidente socialdemócrata, Álvaro Colom, a una ley de indulto que daba luz verde para retomar las ejecuciones de los condenados a muerte.

Las presiones internacionales y de organizaciones de derechos humanos llevaron a Colom a vetar la ley aprobada el 12 de febrero con el voto de 140 de los 158 diputados del Parlamento unicameral, incluidos los oficialistas, aunque inmediatamente después de su sanción el presidente había declarado que indultar a los condenados a muerte no figuraba en sus planes.

La legislatura se encuentra en receso, pero a partir del 26 de marzo estará en condiciones de ratificar la ley vetada con el concurso de 105 legisladores. Sin embargo, la mayoría de los analistas estiman que los diputados acatarán la voluntad del presidente.

"Si insisten con el texto original será algo inaudito ya que contiene muchas inconsistencias, al no garantizar recursos de gracia efectivos para los condenados y contravenir principios del derecho internacional", afirmó David Dávila, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

La ley que restituyó el llamado "recurso de gracia" permite retomar las ejecuciones, sobre las que existía una moratoria de hecho porque los condenados carecían de una instancia final de apelación que les permitiera obtener un indulto o conmutación de la pena.

Al vetar el texto aprobado por los diputados, Colom señaló el viernes que viola el artículo 2 de la Constitución al otorgar un plazo de apenas 30 días para que el presidente decida sobre los casos e incluir la figura de la denegación tácita, que da vía libre a la ejecución en caso de que el mandatario no se pronuncie.

La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Guatemala en 1978, establece que la pena de muerte no puede aplicarse mientras exista un recurso de apelación pendiente.

Según el diario Prensa Libre, el de mayor circulación de Guatemala, "las simpatías" hacia la pena de muerte "han variado de manera sensible, en especial en la bancada (bloque) oficial, y por eso resultará imposible obtener los 105 votos necesarios para dejar vigente la ley del indulto".

Colom aseguró que, para sostener su veto, cuenta con el apoyo de su partido, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y de otros tres bloques parlamentarios, que no identificó. De los 158 diputados que componen la legislatura, 51 pertenecen a la UNE, 29 al derechista Partido Patriota (PP), 24 a la también derechista Gran Alianza Nacional (GANA), 14 al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y los 40 restantes se dividen entre siete partidos de la oposición.

Mario Taracena, jefe del bloque oficialista, declaró a la prensa que respetarán el veto presidencial porque al sancionar la ley, en febrero, no tuvieron en cuenta las presiones internacionales ni que el 18 de diciembre Guatemala había votado a favor de una moratoria de las ejecuciones en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

"Guatemala no se puede aislar del resto del mundo. No puede ser la excepción. Cualquier ejecución enfriaría nuestras relaciones a nivel internacional", dijo Colom al anunciar su decisión de vetar la ley.

El diputado Jaime Martínez, de GANA, también afirmó que su partido se alineará con el presidente.

El PP, en cambio, impulsor de la ley, se propone llenar el vacío legal que impide las ejecuciones aunque la pena de muerte continúa contemplada en el código penal. Uno de sus legisladores, Gudy Rivera, señaló que si los diputados no rechazan el veto, su partido impulsará un proyecto para que la facultad de otorgar o negar el indulto a los condenados recaiga en la Corte Suprema de Justicia.

La ley se aprobó en febrero por iniciativa del PP, a la que se sumaron los legisladores oficialistas quienes, según algunos observadores, no consultaron la opinión del presidente.

Los diputados dieron luz verde a la reanudación de las ejecuciones en un momento de gran tensión, luego de que las maras, nombre con el que se conoce en Guatemala y otros países centroamericanos a las pandillas, asesinaran en cuatro días a siete chóferes de autobús a quienes les exigían sobornos.

Sólo los partidos izquierdistas Encuentro por Guatemala y Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con cuatro y dos escaños, respectivamente, votaron en contra.

Tras el veto presidencial, sectores sociales han abogado por la abolición de la pena de muerte. "Ese debería ser el próximo paso", dijo a IPS la directora de la no gubernamental Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández. También Mario Polanco, del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), reclamó a Colom que eliminara ese castigo de la legislación del país.

Guatemala y Cuba son los únicos países de América Latina que contemplan la pena capital para castigar ciertos delitos.

Los presidentes Oscar Arias, de Costa Rica, Antonio Saca, de El Salvador, Manuel Zelaya, de Honduras, y Daniel Ortega, de Nicaragua, anunciaron el miércoles de la semana pasada en una una cumbre celebrada en San José su "solidaridad" con Colom por su decisión acerca de la pena capital, pero también exhortaron "a todos los países" a eliminarla.

La Iglesia Católica guatemalteca, las iglesias evangélicas y la Unión Europea se pronunciaron en contra de la aplicación de la pena de muerte.

Los analistas, sin embargo, destacan que ni el presidente ni los legisladores oficialistas contemplan avanzar en la abolición del castigo máximo. Durante la campaña electoral Colom sostuvo que éste no constituía "una solución" para la violencia delictiva, pero argumentó que debía respetarse porque así lo disponía una ley vigente.

Las encuestas indican que la mayoría de los entrevistados son favorables a su aplicación en este país de 13 millones de habitantes.

Según Colom, la "desesperación" lleva a la población a apoyar la pena de muerte, "un mecanismo no disuasivo" que no ha logrado frenar la violencia en este país, donde se comente un promedio de 11 asesinatos diarios. El presidente abogó por el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el sistema judicial para frenar el delito.

Un informe del GAM señaló que en 2007 se denunciaron 3.319 asesinatos, de los que 392 tuvieron como víctimas a mujeres. Los tribunales logran esclarecer menos de 10 por ciento de los casos.

Inés Benitez*

19 de marzo de 2008