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La Comisión Técnica Nacional
de Bioseguridad (CTNBio) de Costa Rica decidió
posponer hasta el 3 de diciembre su decisión
sobre la solicitud presentada por D&PL Semillas
Ltda, subsidiaria de la compañía Delta &
Pine Land (Monsanto), para sembrar 15 hectáreas
de los maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y
MON-89034. Semillas del Trópico SA no pudo
completar los trámites de su solicitud.
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La coexistencia entre el maíz
transgénico y el maíz nativo es
imposible. Múltiples experiencias
han demostrado que la contaminación
transgénica en el maíz es tan solo
un asunto de tiempo. |
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Autorizar la introducción de
cultivos transgénicos de
subsidiarias de Monsanto tendrá un
impacto muy negativo sobre la
diversidad agrícola, quizás
irreparable. |
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Una nutrida movilización de
activistas de organizaciones ecologistas llegó
hasta las instalaciones del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), donde se
reúne la CTNBio.
Durante la actividad, se dio
lectura a una
carta abierta dirigida a los miembros de la
Comisión, en la que se rechaza tajantemente “la
autorización para la siembra de cualquier tipo
de maíz transgénico en Costa Rica”, aún más
si se trata del MON-603.
Un
reciente estudio conducido por el biólogo
Gilles Eric Seralini demostró que las ratas
alimentadas con ese tipo de maíz transgénico,
patentado por Monsanto, murieron
prematuramente y tuvieron una frecuencia de
tumores del 60-70 por ciento, frente a un 20-30
por ciento del grupo al que no se le proporcionó
ese alimento.
“En
varios países europeos se han prohibido
diversos maíces de Monsanto. Obviar estos hechos
es imprudente, sobre todo si lo que se
compromete es la bioseguridad nacional.
Hacemos un vehemente llamado
a la CTNBio para que evite una decisión
precipitada. Sembrar maíz transgénico en el
centro de origen mesoamericano es un acto de
agresión corporativa que desemboca en la pérdida
de nuestra diversidad y nuestro patrimonio
agrícola cultural”, alerta el documento.
Las organizaciones
ecologistas señalaron también la actitud hostil
mostrada hasta el momento por
el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),
así como por D&PL Semillas Ltda (Monsanto).
“La SFE
cometió una grave vulneración al debido proceso,
al no incluir en las carpetas de los miembros de
la Comisión todos los
documentos que presentamos juntos con la
Universidad de Costa Rica, el Ministerio de la
Cultura y otras organizaciones.
Finalmente
tuve que entregarlos personalmente, solicitando
a los miembros que los leyeran y estudiaran”,
dijo a Sirel, Fabián Pacheco, representante
del sector ecologista ante la CTNBio.
Pacheco
explicó también que la subsidiaria de
Delta & Pine Land presentó una recusación,
para que la Federación Ecologista no
tuviera acceso a los documentos técnicos que
entregó a los demás miembros de la CTNBio.
“De esta manera, Monsanto
está denegándonos el derecho de poder estudiar
dicha información”, señaló.
En la carta abierta, las
organizaciones ecologistas aseguran que “la
coexistencia entre el maíz transgénico y el maíz
nativo es imposible. Múltiples experiencias han
demostrado que la contaminación transgénica en
el maíz es tan solo un asunto de tiempo.
Autorizar la introducción
de cultivos transgénicos de subsidiarias de
Monsanto tendrá un impacto muy negativo sobre la
diversidad agrícola, quizás irreparable.
En materia de bioseguridad
les pregunto entonces: ¿Para quién están
regulando y trabajando? ¿Para proteger a los
pueblos y a la agro biodiversidad nacional o
para quienes patentan la vida del planeta?”,
preguntan las organizaciones.
Finalmente, el sector
ecologista, en vista de la decisión que el
CTNBio deberá tomar el 3 de diciembre
próximo, exigió que se aplique
el principio precautorio "in
dubio pro natura”, un principio
acogido en el Protocolo de
Cartagena y en la Declaración de Río.
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