Ángela, de 10 años de edad,

perdió su brazo izquierdo.

Ganaba el equivalente

a 4,90 dólares diarios.

El periódico mexicano La Jornada, en su edición del miércoles 28 de enero, informa que Ángela Barraza López, de 10 años, perdió el brazo izquierdo en un accidente de trabajo. Una máquina se lo destrozó cuando limpiaba ejotes(1) en la banda transportadora de una empacadora de productos agrícolas en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Según la publicación, miles de menores procedentes de los estados más pobres de México trabajan en empresas agropecuarias, expuestos a enfermedades, intoxicación con agroquímicos y accidentes.

La tarde del accidente, Ángela limpiaba en la empacadora hortícola Micsa, propiedad del empresario Manuel Zazueta Canelos, cuando la banda transportadora le atrapó el brazo y se lo destrozó. La pequeña fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde el médico tratante informó que: “tuvimos que intervenirla quirúrgicamente cuando  llegó, porque los tejidos venían muy dañados y no había nada que hacer, así que amputamos todo el brazo”. Añadiendo que “personal de psicología y trabajo social está atendiendo el trauma, ya que el impacto emocional es muy fuerte para ella y sus familiares”.

Ángela cursa por las mañanas el quinto grado en una escuela primaria. Ella es una más de los 250 mil jornaleros agrícolas (entre ellos más de 25 mil niños) que cada año llegan a Sinaloa, procedentes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y del estado de México. Muchos llegan con esposa e hijos.

Autoridades inoperantes

El Artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo que establece: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo”; es letra muerta en las regiones rurales de México.

Las autoridades tienen establecidos desde hace años programas para desalentar el trabajo infantil, pero no han logrado evitar que millones de niños y niñas trabajen, estimándose que algo más de un millón lo hacen en la agricultura de exportación. Como siempre, las justificaciones abundan, entre otras la falta de recursos, la insuficiencia de inspectores y un largo etcétera. Tampoco hay que descartar la corrupción, dado el poderío de los empresarios.

Sinaloa, tierra de terratenientes

que producen para exportar

Según la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, las exportaciones de hortalizas de sus afiliadas al mercado de Estados Unidos ascendieron a 572 millones de dólares en 2007, año en que se enviaron cerca de 316.828 toneladas de tomate a ese país.

Las 80 empresas agrícolas de Sinaloa son propiedad de apenas una veintena de familias, algunas también son dueñas de campos agrícolas en los estados de Sonora y Baja California Sur. Con tamaña concentración, es fácil imaginar el poder económico y político que este puñado de latifundistas posee en la región.

Nada de demandas

La madre de Ángela, Rosario López Flores, que trabaja en otra granja propiedad de Manuel Zazueta asegura, seguramente para preservar su trabajo, que no quiere problemas ni demandas. Ella sí está registrada en el IMSS, lo cual le permitió internar a Ángela en un hospital del Instituto. El esposo de Rosario también es asalariado agrícola.

Sin embargo, Rosario se queja de que el empresario empleaba a Ángela de manera informal. “Le pagaba sus 70 pesos diarios (4,90 dólares) en un sobrecito blanco, con su nombre, pero sin prestaciones ni nada”. Zazueta, afirma Rosario, debe responsabilizarse del daño, sufragar el tratamiento y los medicamentos, la rehabilitación física y psicológica, y pagarle una prótesis. “No quiero pleitos. No quiero acudir a la Comisión de Derechos Humanos o a la demanda. Lo que quiero es que responda, que le dé a mi hija una pensión por incapacidad”.

Más víctimas, más cómplices

Al igual que Ángela, muchas niñas de su edad trabajan en la recolección y limpieza de tomate o pepino, o de mandaderas, por una paga que va de 40 a 60 pesos diarios (2,80 a 4,20 dólares). Y no falta el descuento de dos pesos diarios para el sindicato, aunque sus representantes nunca aparezcan para exigir el cumplimiento de la ley o buscar mejores condiciones laborales.

Desde la aprobación del TLC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) las agroindustrias mexicanas, especialmente las situadas en la frontera norte, fueron flexibilizando el trabajo y contratando cada vez más mano de obra femenina e infantil, a la vez que la precarización agudizaba todavía más las condiciones de explotación.

Existen regiones donde la participación de la mujer en la agricultura -especialmente aquella destinada a la exportación- llega al 50 por ciento de la fuerza de trabajo y los menores de 14 años o menos, al 20. Quiere decir que, junto a la feminización se produjo una “infantilización”, debido a que las mujeres son acompañadas frecuentemente por sus hijos que ingresan así prematuramente al trabajo. Es fácil deducir que al volverse parte de los asalariados, los niños presionan a la baja los salarios de los hombres y mujeres adultos, generando un círculo perverso. Esto se pone de evidencia en el caso de Rosario, su esposo y la infortunada Ángela.

Un futuro incierto

En un segundo, los accidentes laborales pueden costar la vida o bien cambiar la forma de afrontarla. Para Ángela y su familia el drama recién comienza. Si están dispuestos a iniciarlo, les espera un litigio muy largo y complicado para recibir una indemnización.

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 514 los porcentajes de indemnización que un trabajador debe recibir por accidentes laborales que impliquen la pérdida de alguna extremidad o miembro del cuerpo, así por ejemplo, por la amputación del brazo deberá recibir entre el 70 y 80 por ciento de su sueldo, por la pérdida total de la mano entre 65 y 75 por ciento, por 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, según la movilidad del dedo restante, de 55 a 65 por ciento, entre otros. A su vez,  la ley determina que si el trabajador que sufre un accidente está registrado en el seguro social, éste se hace cargo de la responsabilidad consiguiente”.De tal suerte que la responsabilidad con el trabajador debe ser compartida entre el patrón y el seguro, sin embargo, el proceso para acreditar el accidente, así como los trámites para obtener la indemnización y pensión, se convierten en un largo suplicio para el accidentado. En consecuencia, el futuro de Ángela es más que incierto.

México, seguro y confiable

A todo esto, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, junto a su esposa y al tristemente recordado ex presidente Ernesto Zedillo, anda por la localidad suiza de Davos afirmando que su país “tiene una de las economías más sólidas del mundo” y reuniéndose con empresarios extranjeros para informales sobre las “grandes ventajas que ofrece México como destino seguro y confiable para nuevas inversiones”. De acuerdo señor presidente, México será un país muy bueno para invertir pero es muy malo para trabajar.