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El banco
público para el desarrollo
DEG
(Deutsche Entwicklungsgesellschaft), con sede en Colonia, Alemania,
informó el día de ayer en un escrito dirigido al secretariado internacional de
FIAN
que después de analizar en profundidad la situación del conflicto agrario en el
Bajo Aguán, tomó
la decisión de no seguir la relación contractual con la
Corporación Dinant en Honduras.
El
DEG
declara que,
por lo tanto, no desembolsará el préstamo acordado anteriormente con esta
empresa.
El propietario
de la Corporación Dinant,
Miguel Facussé,
había indicado en una entrevista con la prensa nacional en 2010, que el préstamo
acordado con la DEG era
de 20 millones de dólares.
Previamente a
esta decisión, FIAN
Internacional
había presentado al DEG el “Informe Preliminar de la Misión Internacional” que
entre el 25 de febrero y 3 de marzo del 2011 había
investigado las violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, en el
litoral atlántico de Honduras.
Esta misión se
realizó como un esfuerzo conjunto de las redes internacionales
APRODEV, CIFCA, FIAN
Internacional, Rel-UITA, FIDH y Vía Campesina,
contando con el apoyo de las organizaciones nacionales de derechos humanos
COFADEH, CDM, CIPRODEH,
Comisión de Verdad y FIAN Honduras.
El informe
preliminar de la misión se había entregado también el
25 de marzo de 2011 en Washington
al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante las graves
violaciones de derechos humanos documentadas en ese informe, así como las
evidencias recogidas sobre el involucramiento de los efectivos de la seguridad
privada contratada por las empresas de
Miguel Facussé,
específicamente en varios asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán, FIAN
había solicitado al DEG
revisar su relación contractual con estas empresas, especialmente con la
Corporación Dinant,
y suspender su cooperación financiera con ellas.
FIAN
saluda esta decisión importante del DEG,
ya que sigue las recomendaciones emitidas por la Misión Internacional: “Solicitamos
que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos
multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las
fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas
en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la
región.”
Martin Wolpold Bosien,
coordinador de FIAN para Centro América, considera que la decisión del
DEG es un paso muy importante: “FIAN
da la bienvenida a esta decisión, porque puede tener un efecto positivo para
prevenir más violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas
en el Bajo Aguán, al hacer entender a los actores que generan la represión que
tal comportamiento tiene costos financieros.
Refuerza peticiones similares
presentadas a otras agencias de cooperación que siguen financiando las empresas
denunciadas, tal como es el caso de la Corporación Financiera Internacional del
Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo y el gobierno
británico en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio”,
destacó el coordinador de FIAN.
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